Juan José Mateos y Juan Vicente Herrera |
Así empezaba una semana que iba a tener su
punto culminante con el insólito enfrentamiento público entre la consejería de
Agricultura y el ministerio del ramo –Silvia Clemente vs. Arias Cañete- sobre
los fondos estatales asignados a Castilla y León para financiar el Programa de Desarrollo
Rural. Con Arias Cañete ya había
tenido la Junta
sus diferencias en asuntos como el nombramiento del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero o la regulación del ibérico, pero los
roces no habían llegado a la categoría de encontronazos reservada a sus colegas
Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. A partir de ahora
comparte con éstos el podium de las bestias negras ministeriales de la Junta.
Silvia Clemente y Miguel Arias Cañete |
Otra contrariedad -y nada baladí- sufrida la
pasada semana por la Junta
era el informe del Consejo de Cuentas que eleva nada menos que en 502,8
millones de euros el déficit presupuestario de la comunidad correspondiente al
ejercicio de 2010. Aunque la consejería de Hacienda achaca la diferencia a una
cuestión de metodología contable, en realidad se trata de “déficit oculto”
correspondiente a facturas -principalmente del SACYL- mantenidas en el limbo
presupuestario, una practica que el órgano fiscalizador viene detectando en la Junta
año tras año desde 2007.
Justo
cuando está sobre la mesa la polémica revisión del techo de déficit de las
comunidades autónomas, el informe del Consejo de Cuentas pone en entredicho la
contabilidad real de la Junta,
algo que no habrá sorprendido al ministerio de Hacienda, que con ocasión del plan
de pago a proveedores de 2012, pilló a la consejería en el renuncio de haber
ocultado 138 millones de déficit.
Y si la
consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
sufría ese revés, su padrino político, el consejero de la Presidencia, no ha
salido precisamente muy bien parado en
la última semana. Su obsesión por sacar adelante contra viento y marea la
infumable Ley de Servicios y Ordenación del Territorio ha recibido un torpedo
en toda la línea de flotación.
Mientras venía desplegando todas las armas a su
alcance para evitar como fuera que el PSOE presente una enmienda a la totalidad
de la Ley, se ha
encontrado con otra enmienda a la totalidad fuera del Parlamento, la que supone
la posición conjunta de los dos sindicatos mayoritarios y de dos de las tres
organizaciones agrarias de la comunidad. UGT, CC.OO, la Alianza UPA-COAG y UCCL han
manifestado su abierta discrepancia con el Proyecto de Ley en tramitación
parlamentaria, exigiendo la reapertura del diálogo si es que se pretende contar
con el respaldo de dichas organizaciones.
Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez |
Ello
significa que, a estas alturas de la película, la “ordenación territorial” de la Junta no solo no cuenta con
consenso político, sino que tampoco cuenta con consenso social. Y las
discrepancias de dichas organizaciones son de de tanto calado como la de
reivindicar el reconocimiento de las comarcas naturales y oponerse a la
potenciación de las Diputaciones provinciales, esta última una de las piedras
angulares del Proyecto de la
Junta.
José
Antonio de Santiago-Juárez, a quién los dos alcaldes del Condado de Treviño
expresaron el viernes personalmente su deseo de segregarse del territorio de Castilla
y León, ha vivido una semana especialmente aciaga. La mano que mueve el diván
presidencial ha tenido además ocasión de comprobar que la prepotencia acaba
jugando malas pasadas y que el blindaje que le proporciona el uso discrecional
de la chequera mediática no le garantiza la inmunidad absoluta que él creía. Veremos
si su ego soporta tan severa cura de humildad.
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