Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 21 de octubre de 2013

Ley Montoro: La Junta, en minoría dentro del PP de Castilla y León


  Es conocido que uno de los más públicos y notorios encontronazos entre la Junta de Castilla y León y el gobierno Rajoy radica en la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mas conocida como la Ley Montoro. El gobierno Herrera presentó hace meses un extenso catálogo de alegaciones al anteproyecto y, pese a que algunas de ellas han sido atendidas, persiste un alto grado de discrepancia con el texto que tramita el Congreso de los Diputados. Al punto de que el consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, lo sigue calificando como un “atropello” y que el presidente de la Junta ha ratificado sus desacuerdos con la Ley, “le guste o no le guste” al gobierno. 



Fernando Martinez Maillo y Juan Vicente Herrera
El mimetismo por el que se tiende a identificar a la Junta con el PP de Castilla y León conduce a la engañosa conclusión de que el partido en la comunidad se opone en bloque la reforma local de Montoro y que solo algún dirigente aislado se desmarca de ese rechazo general. Y se señala con el dedo al presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, quien como vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, apoya decididamente el proyecto en tramitación parlamentaria. De forma que desde la Junta se presenta a Maillo como una especie de “traidor” a la causa de la comunidad. Pero la realidad es muy diferente, tanto que, a poco que se analice el asunto, se comprueba que en el PP de Castilla y León los apoyos a la Ley Montoro, aunque sea con matices, son mayoritarios frente al rechazo encabezado por la Junta.

 Como hemos venido señalando aquí, las grandes beneficiadas de la reforma son las Diputaciones provinciales, cuyo papel político sale claramente reforzado, ya que se les pone en bandeja la gestión de gran parte de los servicios prestados hasta ahora por los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ello hace que no solamente Maillo, sino también los demás presidentes de las Diputaciones provinciales, se froten las manos con la Ley Montoro. Y recordemos que cinco de ellos (además del de Zamora, los León, Salamanca, Burgos y Segovia) son a la sazón los respectivos presidentes provinciales del partido. Asimismo, como va de suyo que el Delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruíz Medrano, respalda el proyecto gubernamental, tendríamos -siempre que, como diría ”El topillo”, Ramiro no discrepe de Ruiz Medrano- que tampoco el presidente provincial del PP de Valladolid comparte el  rechazo mantenido por la Junta.

 Pero no son solo presidentes de las Diputaciones y la mayoría de los presidentes provinciales del PP los que están encantados con la Ley Montoro. 
Miguel Ángel García Nieto y Javier León de la Riva
También lo están, aunque no lo expliciten, los alcaldes de los principales municipios, empezando por el de Valladolid, Javier León de la Riva, que verán satisfecha una de sus grandes reivindicaciones: Dejar de costear las llamadas competencias impropias. Siguiendo el principio de “una competencia, una Administración”, la Ley prevé que la Autonómica, es decir la Junta, se haga cargo de los servicios sociales de proximidad y residencias municipales de ancianos, así como de los gastos de limpieza y mantenimiento de los centros escolares y de los consultorios locales.

 Esta y no otra es la herida por la que respira la Junta, que no quiere ni bien ni mal asumir el coste de esas competencias (solo acepta las de los centros escolares y a condición de que su transferencia venga acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria). Tras echar cuentas y calcular que la aplicación de la Ley le costaría 382 millones de euros, el gobierno Herrera se resiste a asumir esas competencias, advirtiendo que estaría en peligro nada menos que el mantenimiento de los 3.600 consultorios locales existentes en la comunidad. (Una advertencia un tanto alarmista y exagerada, ya que en concreto el gasto imputado al respecto se cifra en 30 millones de euros, es decir, menos del 1 por ciento del presupuesto global de la consejería de Sanidad).

 Y esa resistencia a hacerse cargo de las competencias municipales “impropias” enfrenta a su vez a la Junta con la Federación Regional de Municipios y Provincias, que defiende tajantemente que la Administración Autonómica se haga cargo íntegramente de todo el gasto relacionado con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. La Federación, que preside el alcalde de Ávila. Miguel Ángel García Nieto, y la Junta podrán coincidir en contra de otros aspectos de la Ley Montoro, tales como la amenaza que supone para las entidades locales menores y sus juntas vecinales, pero en lo referido al traspaso de las competencias "impropias" -que es lo que realmente escuece al gobierno Herrera- su discrepancia es absoluta.

Zarrías y De Santiago, de acuerdo contra la Ley Montoro
 En consecuencia, tenemos que el rechazo de la Junta a la Ley Montoro no lo comparten, o solo lo hacen muy parcialmente, ni los presidentes de las Diputaciones, ni los presidentes provinciales del partido (si acaso, porque no tiene otro remedio, el palentino Fernández  Carriedo, portavoz del grupo popular en las Cortes Regionales), ni los alcaldes del PP de las poblaciones mas importantes, ni la Federación Regional de Municipios y Provincias. 
Por supuesto, tampoco los 21 diputados del PP elegidos por las circunscripciones de Castilla y León, que nadie duda de que, con enmiendas o sin ellas, apoyarán como un solo hombre el Proyecto de Ley. Previsiblemente lo mismo que los 38 senadores castellano-leoneses del grupo popular, cuyo secretario general no es otro que Antolín Sanz, presidente provincial del PP de Ávila. 
Por el contrario, la oposición de la Junta a la reforma ha sido muy celebrada por el secretario de Ciudades y Política Munícipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que la ha incorporado al argumentario socialista en contra de la misma.

 De todo lo cual se colige que en su rechazo a la Ley Montoro la Junta está en manifiesta minoría dentro del PP de Castilla y León. Todo un problema para Juan Vicente Herrera, presidente a la vez del gobierno y del partido en la comunidad.

eblogdepedrovicente@gmail.com     21-octubre-2003