Sin guardar las apariencias

Las Cortes celebran este martes el pleno monográfico convocado cada año para debatir el Informe del Procurador del Común, que viene a ser la memoria anual de dicha institución. En 2012 el Defensor del Pueblo en la comunidad batió el record de quejas recibidas, un total de 4.264, casi un 77 por ciento más que el año anterior (2.411). No hace falta ser muy sagaz para colegir que tan espectacular incremento de quejas ciudadanas tiene mucho que ver con el creciente deterioro de los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia, etc.) en Castilla y León.

El Procurador del Común y la presidenta de las Cortes

 Además de reflejar los estragos causados por los recortes sociales, el dato demuestra la utilidad del Procurador del Común para canalizar el malestar ciudadano y defender derechos individuales y colectivos presuntamente vulnerados por las Administraciones de turno (en este caso la Junta y las corporaciones locales).  Pese a su limitada capacidad coercitiva para obligar a cumplir todas sus resoluciones, en evidente que la institución ejerce un papel mediador y sirve de contrapeso -leve, pero contrapeso- ante la tendencia al abuso y a la arbitrariedad que caracteriza a no pocos de nuestros gobernantes.

 El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA) recomienda a las comunidades autónomas que prescindan de sus defensores del pueblo, argumentando que el defensor estatal puede asumir perfectamente ese cometido. Imagínense por donde se pasaría Soledad Becerril las decenas de miles de quejas ciudadanas que de repente recibiría de toda España. Pues por ahí. Al menos aquí sabemos que Javier Amoedo, el ex fiscal que ejerce de Procurador del Común, las examina y, si las estima procedentes, actúa en consecuencia a través de las correspondientes resoluciones.

Germán Barrios

 Con la coartada de la austeridad en el gasto público ha habido comunidades autónomas, la primera fué Castilla-La Mancha, que se han cepillado al Defensor, como si éste fuera un mero organismo administrativo superfluo. Han aprovechado dicha coartada para quitarse de encima ese cauce de reclamación ciudadana, empobreciendo aún más la maltrecha calidad democrática. Y esto es extensible al Consejo Económico y Social, que también ha sido suprimido en algunas comunidades, y a los Consejos Consultivo y de Cuentas, asimismo cuestionados por la supuesta duplicidad que suponen respecto al Consejo de Estado y al Tribunal de Cuentas.

 En Castilla y León la continuidad de estas instituciones de participación y control no ha corrido peligro porque, al estar todas ellas están contempladas en el Estatuto de Autonomía, su supresión requeriría nada menos que otra reforma estatutaria. Pero la Junta y el PP han aprovechado la coyuntura para acometer una reforma cuyo verdadero fín no ha sido otro que socavar todo lo posible su autonomía e independencia. Y lo increíble es que esa torticera reforma (planificada, como no podía ser de otra forma, por el intrigante consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez) se ha perpetrado con el apoyo del PSOE, al que se la colaron dentro del nefasto “pacto de la Coronita” firmado por Julio Villarrubia y Juan Vicente Herrera el 10 de  octubre de 2012.

Jesús Encabo

 Los informes críticos emitidos por el Consejo Económico y Social bajo la presidencia de José Luis Díez Hoces eran una “osadía” que el gobierno Herrera no podía seguir tolerando. Y como Díez Hoces gozaba del respaldo prácticamente unánime de todas las organizaciones representadas en el Consejo, la fórmula seguida para fulminarlo fue la de introducir una limitación de mandatos que impedía su reelección. 
Aunque solo fuera por guardar las apariencias, podían haber buscado para presidir el CES a alguien con un perfil independiente. Pero ni eso. El elegido era Germán Barrios, integrante del cada vez mas reducido circulo de confianza del consejero de Economía, Tomás Villanueva, con quien ocupaba la gerencia del ECYL. (En este caso concreto a De Santiago-Juárez no le importaba tanto nombrar al sustituto como por encima de todo eliminar a Díez Hoces).

 Las apariencias tampoco se habían guardado con el nombramiento, anterior a la reforma, del actual presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo. La vacante que dejó Pedro Martín –bajo cuya etapa la institución actuó con una independencia y rigor asimismo muy mal encajada por el gobierno Herrera, en especial por la consejera de Hacienda. Pilar del Olmo- fue cubierta justamente por el procurador del PP que se ocupaba de rebatir en las Cortes toda suerte de irregularidades de la Junta contenidas en los informes de fiscalización emitidos por el Consejo. 

Vicente Cuadrillero

Ya dijimos que el nombramiento de Encabo -apadrinado por De Santiago-Juárez- era algo así como colocar al zorro al cuidado de las gallinas. Y no conocíamos entonces sus antecedentes como concejal de Urbanismo del ayuntamiento salmantino, de los que daba cuenta el pasado sábado “La Gaceta de Salamanca”.

 Para rematar la operación de sometimiento de las instituciones de control y consulta, se ha procedido hace unos días a nombrar a uno de los "fontaneros" de la consejería de la Presidencia, Vicente Cuadrillero, al frente la secretaría general única que a partir de ahora comparten el Procurador del Común, el CES, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. La adscripción de dicha secretaria a las Cortes, cuya presidenta, Josefa García Cirac, ha firmado el correspondiente nombramiento, podía haber servido para guardar las apariencias. Pero la elección de Cuadrillero no solo no las guarda, sino que de paso pone de relieve la sumisión de la institución parlamentaria a los designios del colegio de la Asunción. Por si quedaba alguna duda.

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