Doble tomadura de pelo

 Funcas, fundación de las Cajas de Ahorro (o de lo queda de ellas) acaba de publicar un estudio sobre el impacto de la crisis en las comunidades autónomas y sitúa a la de Castilla y León entre las mejor libradas, casi a la altura del País Vasco, Navarra y Madrid, y muy lejos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, que serían las que han salido peor paradas.

 En lo que respecta a esta comunidad, Funcas, que analiza el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el segundo de 2013, dibuja un panorama que no se compadece ni con la realidad social ni con algunos de los datos reconocidos en el propio estudio. Es cierto que, gracias a la menor dependencia del sector inmobiliario y al fuerte peso del sector agrario, el PIB no se ha desplomado en Castilla y León en la misma medida que en otras comunidades. Pero frente a ese dato, otros indicadores señalan los demoledores efectos de la crisis en esta comunidad.

El mapa de la crisis según FUNCAS

El estudio reconoce que en ese periodo se ha perdido el 16 por ciento del empleo, que la tasa de paro se ha disparado del 9 al 22 por ciento y que el Indice de Producción Industrial ha retrocedido en un 26 por ciento. Si a ello se añade que en el cuatrienio 2009-2012 Castilla y León es la comunidad que ha perdido más población (43.636 habitantes) y que en el ultimo lustro la deuda publica de la Junta se ha multiplicado por 3,5, el balance es bastante más crudo de lo que pretende hacernos creer Funcas.

 En realidad el estudio no analiza a fondo los estragos causados por la crisis en Castilla y León. Y alguno de ellos simplemente no los analiza. Por ejemplo -y no será porque Funcas no disponga de los datos- el expolio y la almoneda de las seis antiguas cajas de ahorro de la comunidad. Cuatro de ellas hace tiempo que han sido engullidas por entidades financieras ubicadas en otras comunidades y las otras dos, lo que hoy es el banco CEISS, en la práctica intervenido por el Estado, está a punto de convertirse en una filial de la andaluza Unicaja.
 El resultado es que las seis cajas de Castilla y León se han evaporado. Y con ellas cientos de sucursales, miles de puestos de trabajo, una obra social que llegó a superar los 100 millones de euros y los dineros de decenas de miles de ahorradores engañados con participaciones preferentes y deuda subordinada. Un auténtico desastre del que lógicamente prefiere no hacerse eco una fundación dependiente de las Cajas de Ahorro.

 No se analiza tampoco el alcance presupuestario de la escalada de recortes sociales en cada comunidad autónoma. Los habrá habido más salvajes en otras comunidades, pero los hachazos que ha metido la Junta al gasto social están a la vista. En conjunto, las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia disponen este año de 810 millones menos que en 2010. O lo que es lo mismo: el gasto social ha caido desde entonces en un 12,25 por ciento.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Sáez

Ello sin que el discurso oficial de la recuperación económica haya detenido en 2014 los recortes en Sanidad, Dependencia o Educación. Sirva como ejemplo que, según datos oficiales del Ministerio de Educación, las Universidades de Castilla y León se han convertido en las terceras mas caras de España después de las de Cataluña y Madrid. En los dos últimos cursos el coste de las matriculas se ha disparado en nuestras universidades en un 43,8 por ciento, con un precio medio por crédito que casi duplica al que rige en Galicia.

 Y ahí está el plan de “ordenación" de la atención primaria con el que la consejería de Sanidad ha vuelto a la carga contra la población rural. Un trasvase de médicos y enfermeras con el que se pretende camuflar el recorte de plantillas del SACYL, donde se vienen amortizando buena parte de las vacantes generadas por las jubilaciones. En lugar de reponer el personal necesario para mantener el nivel de atención, se decide trasladar a los centros de salud más saturados a médicos y enfermeras de los consultorios rurales. O lo que es lo mismo, se intenta vestir un santo desvistiendo a otro. Un trasvase que, por más que se esfuerce el consejero Antonio Sáez en negar la evidencia, va a deteriorar claramente la asistencia en el medio rural. 

 Y dos apuntes al respecto. El primero es que hay que tener cuajo, mucho cuajo, para recortar la atención sanitaria a la población rural al mismo tiempo que se sufraga el gran despilfarro del Hospital de Burgos, cuyo escandaloso sobrecoste, unido al beneficio de un 6,9 por ciento anual garantizado a la sociedad concesionaria, ha disparado por encima de los 70 millones de euros el canon anual que estaba previsto en 38. El escarnio es manifiesto.

Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia

El otro aspecto es que con dicho plan la Junta está aplicando de forma unilateral y anticipadamente la Ley de Ordenación del Territorio pactada con el PSOE, sin esperar a que se apruebe el correspondiente mapa territorial de servicios. Recuérdese que los socialistas habían amagado con dar por roto el consenso sobre dicha “ordenación territorial” por considerarla incompatible con la reforma local estatal, la nefasta Ley Montoro. Y que ante esa posible ruptura, Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia decidieron constituir una comisión mixta encargada de analizar conjuntamente la compatibilidad entre dichas Leyes. Pues bien, sin que haya concluido el trabajo de dicha comisión, la Junta aprueba por su cuenta una reforma que altera la atención sanitaria rural antes de fijar ese mapa territorial de servicios pendiente de consensuar en desarrollo de la Ley de Ordenación. La tomadura de pelo es doble. Por parte de la Junta hacia el PSOE y por parte de los dirigentes socialistas hacia a los ciudadanos por no denunciar semejante atropello.

¿A quién pretende engañar Villarrubia repitiendo una y otra vez que su partido no consentirá lo que de hecho en la práctica ya está consintiendo? Conocidos ciertos antecedentes, cabe sospechar que, en paralelo a esa comisión, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y el secretario de Organización del PSCL-PSOE, Julián Simón de la Torre, andan de nuevo negociando bajo cuerda alguna contrapartida oculta. Posiblemente muy similar a la que el pasado mes de junio (ver “El topillo” de 1 de julio) “engrasó” el consenso sobre la  “ordenación territorial”. Con la diferencia de que entonces el acuerdo conllevó la reposición de las guardias médicas suprimidas, mientras que ahora no parece que la Junta vaya a dar marcha atrás en este nuevo ataque a la Sanidad rural.

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