Mientras Unicaja permanece a la espera de que la Unión Europea dé el visto bueno
a los 402 millones de euros exigidos a mayores para rescatar al CEISS de su
nacionalización o liquidación, la decisión de la Audiencia Nacional
de imputar a Miguel Blesa y a otros
antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid y Bancaja por presunta estafa abre
la vía de la responsabilidad penal en la venta y comercialización de las
participaciones preferentes y la deuda subordinada.
Al margen de la vía civil, utilizada por miles
de ahorradores que se han considerado estafados por las cajas que les colocaron
esos productos de altos riesgo, estaba por investigar la responsabilidad de
quienes planificaron, aprobaron y comercializaron su venta. A raíz de las
distintas querellas presentadas al respecto, la sala tercera de la Audiencia Nacional
exoneró el pasado mes de diciembre de responsabilidad a los empleados, acotando la misma a los consejeros y directivos de las entidades.
“Es evidente la necesidad de investigar si, para paliar, retrasar o ocultar el
deterioro de las cuentas, utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o
participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la
situación de insolvencia en la que se encontraban”, dice el auto de dicha Sala
en relación con Caja Madrid y Bancaja.
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid |
Sobre esa base el juez Fernando Andreu -el mismo que instruye el caso Bankia- ha imputado por
presuntos delitos de estafa, a Blesa y a otros catorce consejeros y directivos
de las antiguas cajas de Madrid y Valencia. Y
el asunto tiene gran alcance, ya que abre la vía para extender la misma investigación
al resto de las Cajas que comercializaron esos productos, entre ellas Caja
España y Caja Duero, que, antes de su fusión, colocaron en 2009 y 2010 la misma mercancía a más de 30.000 clientes. Un presunto fraude que la Unión de Consumidores (UCE) de Castilla y León se ocupó de denunciar
ante la propia Audiencia Nacional a finales del pasado mes de noviembre.
Una denuncia con recorrido.- En primera instancia la UCE había denunciado el caso
ante la fiscalía de Valladolid, cuyas diligencias pudieron constatar
que la mayoría de los ahorradores de Caja España y Caja Duero suscribieron esos
productos híbridos sin ser debidamente informados de los riesgos financieros
que entrañaba su adquisición. “Esta información incompleta o inveraz ha
generado un error en el consentimiento de los adquirentes en cuanto que
entendieron que era un plazo fijo con mayor retribución”, dictaminó la
fiscalía, subrayando la avanzada edad y la carencia de conocimientos
financieros de los afectados. Concluidas sus diligencias, la fiscal jefe de
Valladolid, Esther Pérez, dio
traslado de las mismas a la fiscalía anticorrupción, al entender que la Audiencia Nacional
era el órgano jurisdiccional competente.
Santos Llamas y Julio Fermoso |
El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ,
Eloy Velasco, tiene abiertas diligencias previas en relación con dicha
denuncia, dirigida contra los entonces presidentes de Caja España y Caja Duero
(Santos Llamas y Julio Fermoso), los respectivos directores generales (Javier
Agenjo y Lucas Hernández), los
directores financieros (Antonio Fernández y Arturo Jiménez), los directores comerciales, así como contra las
propias entidades y el CEISS, el banco resultante de la fusión de las dos
extintas cajas. Los delitos imputados por la UCE son los de estafa en diversas modalidades
contempladas en el Código Penal, publicidad engañosa, administración
fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Otras cinco causas penales abiertas.- Entretanto,
siguen su curso a distinto ritmo las demás causas judiciales de tipo penal
que salpican a consejeros y directivos de cuatro de las seis antiguas cajas de
Castilla y León. Estos días han desfilado por el Juzgado de Instrucción los 15 consejeros
de Caja Segovia que el 17 de julio de 2012 acordaron solicitar a Bankia un préstamo de 6,8 millones de euros de resultas del cual
quedaron hipotecados el Torreón de Lozoya y otra serie de inmuebles en su mayor
parte destinados a la
Fundación heredera de la antigua Obra Social.
Imagen del antiguo Consejo de Admon. de Caja Segovia |
Esta ronda de declaraciones se produce solo
tres semanas después de que otro Juzgado
de Instrucción de Segovia tomara declaración como imputados a Soto y a los demás
miembros del Comité de Retribuciones en relación con el caso de las multimillonarias indemnizaciones (un montante de 35 millones de euros) con las
que abandonaron la entidad el que fuera su director general, Manuel Escribano y otros siete directivos. Está por decidir si, tal como había solicitado la fiscalía, el juez
amplia esa imputación por presenta administración desleal al resto de los
consejeros que aprobaron dichas indemnizaciones.
Sigue sin haber noticias del Juzgado de León
encargado de investigar (a instancias del fiscal y tras la denuncia de IU) los créditos multimillonarios concedidos al ex
presidente de Caja España, Santos Llamas.
Tampoco ha dado señales de vida el juzgado burgalés que se ha hecho cargo de
las diligencias instruidas por la fiscalía tras la denuncia presentada por UPyD
sobre los créditos al ex presidente de Caja, Burgos, José María Arribas. Y desde que el procedimiento pasó a un
juzgado salmantino, nada nuevo ha habido sobre el caso Nozar, en el que está imputado el ex presidente de Caja
Duero, Julio Fermoso, y varios
miembros del antiguo organigrama directivo, entre ellos el actual director
general del CEIIS, José María de la Vega.