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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 6 de febrero de 2014

El expolio de las Cajas (XXIV): La hora de las responsabilidades penales

 Mientras Unicaja permanece a la espera de que la Unión Europea dé el visto bueno a los 402 millones de euros exigidos a mayores para rescatar al CEISS de su nacionalización o liquidación, la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a Miguel Blesa y a otros antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid y Bancaja por presunta estafa abre la vía de la responsabilidad penal en la venta y comercialización de las participaciones preferentes y la deuda subordinada.


 Al margen de la vía civil, utilizada por miles de ahorradores que se han considerado estafados por las cajas que les colocaron esos productos de altos riesgo, estaba por investigar la responsabilidad de quienes planificaron, aprobaron y comercializaron su venta. A raíz de las distintas querellas presentadas al respecto, la sala tercera de la Audiencia Nacional exoneró el pasado mes de diciembre de responsabilidad a los empleados, acotando la misma a los consejeros y directivos de las entidades.
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid
 “Es evidente la necesidad de investigar si, para paliar, retrasar o ocultar el deterioro de las cuentas, utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban”, dice el auto de dicha Sala en relación con Caja Madrid y Bancaja.

 Sobre esa base el juez Fernando Andreu -el mismo que instruye el caso Bankia- ha imputado por presuntos delitos de estafa, a Blesa y a otros catorce consejeros y directivos de las antiguas cajas de Madrid y Valencia. Y el asunto tiene gran alcance, ya que abre la vía para extender la misma investigación al resto de las Cajas que comercializaron esos productos, entre ellas Caja España y Caja Duero, que, antes de su fusión, colocaron en 2009 y 2010 la misma mercancía a más de 30.000 clientes. Un presunto fraude que la Unión de Consumidores  (UCE) de Castilla y León se ocupó de denunciar ante la propia Audiencia Nacional a finales del pasado mes de noviembre.

 Una denuncia con recorrido.- En primera instancia la UCE había denunciado el caso ante la fiscalía de Valladolid, cuyas diligencias pudieron constatar que la mayoría de los ahorradores de Caja España y Caja Duero suscribieron esos productos híbridos sin ser debidamente informados de los riesgos financieros que entrañaba su adquisición. “Esta información incompleta o inveraz ha generado un error en el consentimiento de los adquirentes en cuanto que entendieron que era un plazo fijo con mayor retribución”, dictaminó la fiscalía, subrayando la avanzada edad y la carencia de conocimientos financieros de los afectados. Concluidas sus diligencias, la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, dio traslado de las mismas a la fiscalía anticorrupción, al entender que la Audiencia Nacional era el órgano jurisdiccional competente.

Santos Llamas y Julio Fermoso
 Para el presidente de la UCE en Castilla y León, Prudencio Prieto, no quedaba ya la menor duda de la presunta estafa por parte de unas entidades que no habían dudado “en abusar de la confianza de sus clientes”, presionando incluso a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, para comercializar esos productos. Como señaló el abogado de la organización, Santiago Díez, el objetivo perseguido con la venta de esos productos no era otro que el de convertir a los ahorradores “en inversionistas de unas cajas que presentaban serio riesgo de quiebra”.

 El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tiene abiertas diligencias previas en relación con dicha denuncia, dirigida contra los entonces presidentes de Caja España y Caja Duero (Santos Llamas y Julio Fermoso), los  respectivos directores generales  (Javier Agenjo y Lucas Hernández), los directores financieros (Antonio Fernández y Arturo Jiménez), los directores comerciales, así como contra las propias entidades y el CEISS, el banco resultante de la fusión de las dos extintas cajas. Los delitos imputados por la UCE son los de estafa en diversas modalidades contempladas en el Código Penal, publicidad engañosa, administración fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Otras cinco causas penales abiertas.- Entretanto, siguen su curso a distinto ritmo las demás causas judiciales de tipo penal que salpican a consejeros y directivos de cuatro de las seis antiguas cajas de Castilla y León. Estos días han desfilado por el Juzgado de Instrucción los 15 consejeros de Caja Segovia que el 17 de julio de 2012 acordaron solicitar a Bankia un préstamo de  6,8 millones de euros de resultas del cual quedaron hipotecados el Torreón de Lozoya y otra serie de inmuebles en su mayor parte destinados a la Fundación heredera de la antigua Obra Social.

Imagen del antiguo Consejo de Admon. de Caja Segovia
 Se trata del caso Navicoas, en el que el juez aprecia indicios de un presunto delito societario por parte del antiguo presidente de la Caja, Atilano Soto, y los 15 consejeros que aprobaron dicho préstamo, entre los que figura el ex senador socialista Manuel Agudíez, los vicepresidentes de la Diputación provincial, Miguel Ángel de Vicente José Luis Sanz Merino, obviamente ambos del PP, y el presidente de la patronal segoviana y de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo.

 Esta ronda de declaraciones se produce solo tres semanas  después de que otro Juzgado de Instrucción de Segovia tomara declaración como imputados a Soto y a los demás miembros del Comité de Retribuciones en relación con el caso de las multimillonarias indemnizaciones (un montante de 35 millones de euros) con las que abandonaron la entidad el que fuera su director general, Manuel Escribano y otros siete directivos. Está por decidir si, tal como había solicitado la fiscalía, el juez amplia esa imputación por presenta administración desleal al resto de los consejeros que aprobaron dichas indemnizaciones.

 Sigue sin haber noticias del Juzgado de León encargado de investigar (a instancias del fiscal y tras la denuncia de IU)  los créditos multimillonarios concedidos al ex presidente de Caja España, Santos Llamas. Tampoco ha dado señales de vida el juzgado burgalés que se ha hecho cargo de las diligencias instruidas por la fiscalía tras la denuncia presentada por UPyD sobre los créditos al ex presidente de Caja, Burgos, José María Arribas. Y desde que el procedimiento pasó a un juzgado salmantino, nada nuevo ha habido sobre el caso Nozar, en el que está imputado el ex presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, y varios miembros del antiguo organigrama directivo, entre ellos el actual director general del CEIIS, José María de la Vega.

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