Otra vez a la greña con Montoro

“Estamos esperando el santo advenimiento. El señor Montoro está tan entretenido en hacernos la vida imposible a las comunidades autónomas que no sé si el dato se retrasará…”.   Estas palabras, pronunciadas el pasado viernes por Juan Vicente Herrera sobre el cumplimiento del techo de déficit establecido para 2013, revelan el alcance de la nueva tormenta que se ha desencadenado entre la Junta de Castilla y León y el ministro de Hacienda.

Montoro durante la convención del PP en Valladolid

 El detonante no ha sido otro que el de esas “cuentas públicas regionalizadas” encargadas por el ministerio a un grupo de expertos, que, según lo adelantado por el diario “El País”,  califican a Castilla y León como una comunidad autónoma “sobrefinanciada”, es decir que recibe del Estado mayores recursos de los que debería. Esa información, conocida en medio de la convención celebrada el PP de Valladolid, era la peor noticia que podía recibir la Junta de cara a la revisión del actual modelo de financiación autonómica. Supone un torpedo en la línea argumental del gobierno Herrera, que lleva años quejándose de que el actual modelo no asigna a Castilla y León los recursos estatales suficientes para hace frente al coste efectivo de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y demás servicios públicos esenciales que presta la comunidad.

 Antes de que acabara la convención, Herrera y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, intentaron en vano que Montoro les diera alguna explicación sobre esas “cuentas” y sus conclusiones, pero el ministro rehuyó cualquier contacto con la Junta y regresó a Madrid sin aclarar el entuerto. A partir de ahí se entiende eso de que “está entretenido en hacernos la vida imposible a las comunidades autónomas”.

 Las “cuentas públicas regionalizadas”, encargadas a modo de sucedáneo de las “balanzas fiscales”, tenían como objetivo político desmontar el “España nos roba” que argumenta Cataluña, comunidad que, al igual que la de Madrid, considera excesivo el desequilibrio entre lo que el Estado recauda en su territorio y los recursos públicos que transfiere a la comunidad autónoma. De hecho, el estudio de los expertos concluye que ambas comunidades están correctamente financiadas, al contrario que otras, que estarían infrafinanciadas, caso de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia, y otras sobrefinanciadas, entre ellas Castilla y León.

Herrera, De Santiago y Del Olmo

 Si las conclusiones de dicho trabajo se establecieran como referencia del futuro modelo, resultaría que nuestra comunidad autónoma, lejos de incrementar la porción que recibe en el reparto de la tarta estatal, podría encontrarse con una ración todavía inferior. O sea, un auténtico fiasco para las aspiraciones de la Junta, que en este frente cuenta con el apoyo incondicional e incondicionado del PSCL-PSOE.

 Al igual que sucede que con sus colegas de Industria y Agricultura, José Manuel Soria y Miguel Arias Cañete, las relaciones entre el gobierno Herrera y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas han sido borrascosas desde el primer momento. Pero precisamente con Montoro la relación se había suavizado en diciembre a raíz de que la Junta, a cambio de cuatro enmiendas de última hora cogidas con hilos, diera por buena de la noche a la mañana la nefasta reforma local que lleva el nombre de este ministro. Una indecorosa claudicación política que le va a generar muchos problemas al gobierno de la comunidad. Y no solo por su manifiesta incompatibilidad con la “ordenación territorial” aprobada de la mano del PSOE. Además de eso, por el ataque a la autonomía local, el vaciado de competencias a favor de las Diputaciones y la privatización y/o supresión de servicios públicos que persigue dicha Ley.

 Y la respuesta de Montoro a esa bajada de pantalones con la “reforma local” ha sido la de abonar el terreno de un nuevo modelo de financiación autonómica del que esta comunidad puede salir muy mal parada. De ahí el monumental cabreo hacia el ministro por parte de Herrera y de sus dos consejeros predilectos, el de la Presidencia y la de Hacienda, ese terceto conocido en los círculos del PP como “Los 3 Sudamericanos”.

Así las cosas, la revisión del modelo de financiación pinta muy negro para la Junta, que además lo afronta con una cuota de población inferior a la que sirvió de base para aplicar el vigente. Y ello añade todavía mayor incertidumbre sobre el cumplimiento de la Ley Montoro en lo referente a incluir en el nuevo modelo el coste de las llamadas competencias impropias ejercidas hasta ahora por los ayuntamientos en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 

Ana Lima

Nos preguntábamos no hace mucho en qué situación quedarán dichos servicios públicos si no se dota a la comunidad con esos 350 millones de euros en los que la Junta valoró el coste de de dichas competencias. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, se pone lo peor y vaticina la futura privatización de los servicios que sean rentables y la desaparición de aquellos que no lo sean. Según Lima, en el campo de los servicios sociales la reforma local va a ser “especialmente dura” con Castilla y León.

 Entretanto, cada estadística oficial que se publica confirma que hablar de recuperación económica en Castilla y León constituye una broma de pésimo gusto. Además de seguir siendo negativos, los datos sobre empleo y actividad vienen siendo una y otra vez peores que los del conjunto de España, lo que abunda en la idea de que la crisis sigue sin haber tocado fondo en esta comunidad. Las cifras cantan. Castilla y León ha encabezado en 2013 la caída del Indice de Producción Industrial, con un retroceso del 7 por ciento, casi cuatro veces mayor al 1,8 registrado a nivel nacional.

El empleo sigue evolucionando en esta comunidad peor que en el conjunto de España, al punto de que, tras el incremento del paro registrado en el mes de enero (7.020 nuevos inscritos respecto al mes anterior), la tasa regional se sitúa en el 21,34 por ciento, por primera vez por encima de la tasa nacional (21,25). Paralelamente, ha descendido en 12.292 el número de afiliaciones a la Seguridad Social, que a fecha 31 de enero se reduce a 824.131, y sigue cayendo el número de autónomos, que ahora está por debajo de los 200.000. 
El Diálogo Social entre la Junta, CC.OO, UGT y Cecale irá viento en popa, pero a la vista está que en lo más importante, la creación de empleo, los resultados siguen brillando por su ausencia.

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