Una comunidad en deconstrucción

  Huelga decir que el XXXI Aniversario del Estatuto de Castilla y León llega en un momento poco propicio para los fastos institucionales, nada que ver con aquellas conmemoraciones por todo lo alto en plena expansión de la burbuja autonómica. El Estado de las Autonomías está hoy políticamente más cuestionado que nunca y en una situación financiera insostenible. Los efectos de la crisis han socavado los cimientos del sistema autonómico y con ellos los de los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Dependencia) que presta. El dato de que la Junta de Castilla y León dispone en 2014 del mismo volumen de gasto que tenía hace diez años antes da perfecta idea de la regresión que estamos sufriendo.

Pleno de las Cortes de Castilla y León

Pero con ser el de consecuencias más acuciantes, el económico no ha sido el único retroceso registrado en los últimos años. La involución es igualmente constatable en términos de cohesión política, social e institucional. La idea de comunidad está hoy en Castilla y León más desdibujada que hace una década.

UN ESTATUTO FALLIDO.- A finales de 2007, antes de que asomara la crisis, se aprobó una reforma del Estatuto de Autonomía que sus promotores, PP y PSOE, presentaron como una especie de panácea destinada a resolver por sí misma los endémicos males de Castilla y León. Ibamos a dejar de ser una comunidad de segunda para equipararnos plenamente a las Autonomías de primera. A contracorriente de aquel triunfalismo, algunos tuvimos la osadía de expresar nuestro escepticismo, afirmando que tales expectativas no se sustentaban sobre ninguna base sólida. El nuevo Estatuto contenía mucha hojarasca decorativa y muy poca sustancia efectiva para reforzar los dos pilares de cualquier autogobierno: la financiación y el techo competencial.

Desde el punto de vista de las competencias, el único avance sustancial era la pretendida transferencia de la gestión de la Cuenca del Duero, mediante la que la Junta aspiraba a asumir el grueso de las competencias que residen en la Confederación Hidrográfica. Y ya saben lo ocurrido: El Tribunal Constitucional tumbó sin contemplaciones dicha aspiración.

Cristóbal Montoro y Pilar del Olmo, en alegre camaradería

 Supuestamente, esa reforma del Estatuto de Autonomía iba a garantizar a Castilla y León su suficiencia financiera, logrando que el sistema de financiación autonómica ponderara adecuadamente las variables de dispersión territorial y envejecimiento de la población que encarecen la Sanidad, la Educación, la Dependencia y demás servicios prestados por la Administración Autonómica. 
Y tararí que te ví: se aprobó un nuevo modelo de financiación, el todavía vigente, que ha resultado tan insatisfactorio como los anteriores, aunque, a la vista de cómo pinta el panorama sobre el próximo, es posible que terminemos añorandolo.

 Es cierto que aquella reforma del Estatuto incluyó avances sociales tales como el de elevar a rango de Ley el Dialogo Social y establecer el derecho a la Renta Básica de Ciudadanía. Pero para poner en marcha esas iniciativas no era necesario reformar el Estatuto, como de hecho no hizo falta en su día para crear el Consejo Económico y Social, cuyo origen se remonta a la presidencia de Jesús Posada, el hoy presidente del Congreso de los Diputados. 
Y lo mismo puede decirse respecto al Plan Plurianual de Convergencia Interior, que, tras su incipiente puesta en marcha, ha terminado abandonándose justo cuando más necesario es promover inversiones públicas que contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales internos en la comunidad autónoma.

 El tiempo ha ido dejando aquella cacareada reforma estatutaria en papel mojado. Siete años después de aprobada, la comunidad no ganado una sola competencia (ni siquiera ha asumido las correspondientes a la Justicia, transferibles desde el año 2000), no ha resuelto el problema de su financiación y asiste, impasible, a su actual sangría demográfica. Y para acabar de deteriorar la situación, el gobierno Rajoy, con su amplia gama de recortes sociales y la aprobación de leyes como la Reforma Local de Montoro y la LOMCE ha invadido y menoscabado aún más el ámbito de ésta y de todas las demás comunidades autónomas.

Juan Vicente Herrera en su escaño del "mausoleo"

HACIA UNA MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES.- Añádase a ello que en el plano interno, en lugar de avanzar hacia un autogobierno más transparente y participativo, se ha utilizado la coartada de la crisis para limitar la autonomía y capacidad de las instituciones de consulta, control y fiscalización (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común). 
Entretanto, en el "mausoleo" de Villa del Prado todo ha seguido igual o peor, con el PP utilizando su mayoría para obstaculizar todo lo que puede y más el control parlamentario de la Junta por parte de la resignada oposición. 
Juan Vicente Herrera y los consejeros se sustraen como les viene en gana a las peticiones de comparecencia, que se acumulan durante meses, incluso años, atendiendo solo las que a ellos les interesan y cuando más les conviene. Y acabamos de asistir al veto del PP a la comisión de investigación solicitada por el grupo socialista sobre la Ciudad del Medio Ambiente de Soria. Un veto previsible: Desde que Herrera es presidente -y está a punto de cumplir 13 años- el PP no ha permitido ni una sola comisión de investigación parlamentaria.

 Entretanto, el desapego ciudadano hacia la comunidad es cada vez más ostensible. En León añoran y se aprestan a conmemorar la histórica manifestación leonesista celebrada hace 30 años. Aunque en su expresión política está muy venido a menos, el leonesismo es un sentimiento transversal compartido por todo el espectro político. Pero el desapego ya no es exclusivo de León. Se ha extendido al conjunto comunidad, en toda la cual venimos asistiendo a un rearme provincial que va a ir a más con el creciente papel asignado a las Diputaciones por la Reforma Local de Montoro. 

De seguir su actual proceso de deconstrucción política y social, la actual comunidad de Castilla y León no va a tardar nada en parecerse mucho a una Mancomunidad de Diputaciones.

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