Datos personales

Mi foto

Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 13 de febrero de 2014

Un presidente "desinformado"

 El mismo día en el que la Audiencia Provincial imputaba al alcalde de Valladolid un presunto delito de desobediencia, Juan Vicente Herrera, rechazaba en las Cortes cualquier atisbo de irregularidad, y menos aún de corrupción, en la gestión de la Junta. “El acatamiento de la legalidad está en el ADN de la Administración de Castilla y León”, proclamaba, muy digno él, en respuesta a la pregunta formulada por el procurador de IU, José María González, relativa a la “larga lista de irregularidades” detectada por el Consejo de Cuentas en la contratación pública realizada por la Junta y sus empresas públicas.



Juan Vicente Herrera
En realidad, Herrera no podía decir lo contrario. Imaginénse que el presidente de la Junta hubiera dicho que “el acatamiento de la legalidad no está en el ADN de la Administración”. Pero al menos podía haber sido un poco más recatado y no presentar como ejemplo de cumplimiento de la legalidad a una Administración desautorizada continuamente por todo tipo de sentencias judiciales y, a mayor abundamiento, actualmente incursa en varias causas judiciales e investigaciones de la fiscalía por presuntos delitos asociados a la corrupción política. 
Salvo que nos tome a todos por imbéciles, cosa impropia en un político tan pulcro y exquisito, debe ser que nadie informa al presidente de las numerosas actuaciones de la Junta situadas en estos momentos en el punto de mira de la Justicia.

 En otro caso no reduciría con tanta ligereza a “defectos administrativos y discrepancias técnicas” las irregularidades detectadas una y otra vez por el Consejo de Cuentas, de las que se desprende que la Junta y las empresas públicas se pasan continuamente por el forro la Ley de Contratos del Sector Público. Algo más que defectos de forma habrá apreciado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al ordenar a la de Valladolid que investigue la denuncia presentada el pasado octubre por el Partido Castellano (PCAS) a raíz de los demoledores informes del Consejo de Cuentas sobre las empresas públicas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación. Unos informes de fiscalización que, a juicio del citado partido, ponían de relieve un modus operandi constitutivo de presuntos delitos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Jesús Encabo, presidente Consejo de Cuentas
Además de haber abierto diligencias previas para esclarecer los presuntos delitos denunciados por el PCAS, la fiscalía está investigando determinados contratos de la Junta que habrían sido objeto de un fraccionamiento prohibido. Esta nueva investigación tiene su origen en otro informe del Consejo de Cuentas que detectó dicha irregularidad en 22 contratos adjudicados por la consejería de Economía en el año 2010. De esto se tuvo noticia la pasada semana, sin que por lo visto el presidente de la Junta se enterara.


Tampoco parece tener conocimiento Juan Vicente Herrera de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción numero 2 de Valladolid en relación con los terrenos comprados por ADE Parques teóricamente destinados a un parque empresarial en Portillo (Valladolid). Según reveló el pasado mes de noviembre el consejero de Economía, Tomás Villanueva, la citada empresa pública adquirió los terrenos en cuestión (en total 145,7 hectáreas) por un importe de 28,64 millones de euros, es decir a un precio medio de 197.500 euros la hectárea 

La compra se realizó a dos sociedades conectadas entre sí que previamente habían ido adquiriendo los terrenos a sus propietarios originales a un precio medio estimado en 40.000 euros la hectárea. Realizados los correspondientes cálculos, la operación habría reportado a dichas sociedades una plusvalía próxima a los 22 millones de euros. Tras una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el caso ha pasado al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que instruye diligencias ante los indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.


Luis Alberto Solís
Se diría que el presidente Herrera desconoce que el director general de Carreteras, Luis Alberto Solís,  y dos de sus subordinados están imputados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid por presuntos delitos de cohecho, prevaricación e información privilegiada. ¿Será posible que no recuerde aquella agitada mañana del 21 de junio de 2012, en la que varios agentes de la UDEF se hicieron presentes en la sede de la consejería de Fomento, procediendo a registrar determinado despacho en busca de pruebas sobre el presunto amaño de la adjudicación de la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo?  Flaca memoria hay que tener para no recordar tan llamativo episodio.

Y lo que ya resulta aún más difícil de creer es que el presidente de la Junta no tenga conocimiento de la vista oral fijada a partir del próximo 3 de marzo por el Juzgado de lo Penal numero 2 de Valladolid. Más que nada porque en ella se sentarán en el banquillo de los acusados el actual director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, su antecesor en el cargo, Mariano Torre Antón, y otros tres altos funcionarios de la consejería de Medio Ambiente imputados en el “caso de las Navas del Marqués”. Todos ellos deberán responder sobre el presunto delito de prevaricación en el que habrían incurrido al informar favorablemente un proyecto de macrourbanización que contravenía flagrantemente la legislación medioambiental. No les acompañará en tan penoso trance la máxima impulsora del proyecto, la ex consejera María Jesús Ruíz, exonerada de cualquier responsabilidad por el Tribunal Superior de Justicia.

 Salvo que no se entere ni de lo que es de dominio público, resulta cuando menos una osadía que el presidente Herrera ponga a la Junta de Castilla y León como ejemplo del mas escrupuloso cumplimiento de la Ley. Y no debería rasgarse farisaicamente las vestiduras si alguien asocia con la corrupción política casos como los aquí reseñados.