El mismo día en el que la Audiencia Provincialla Junta.
“El acatamiento de la legalidad está en el ADN de la Administración de
Castilla y León”, proclamaba, muy digno él, en respuesta a la pregunta
formulada por el procurador de IU, José
María González, relativa a la “larga
lista de irregularidades” detectada por el Consejo de Cuentas en la
contratación pública realizada por la
Junta y sus empresas públicas.
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| Juan Vicente Herrera |
Salvo que nos tome a todos por imbéciles, cosa impropia en un político tan pulcro y exquisito, debe ser que nadie informa al presidente de las numerosas actuaciones de
En otro
caso no reduciría con tanta ligereza a “defectos administrativos y
discrepancias técnicas” las irregularidades detectadas una y otra vez por
el Consejo de Cuentas, de las que se desprende que la Junta y las empresas
públicas se pasan continuamente por el forro la Ley de Contratos del Sector Público. Algo más que
defectos de forma habrá apreciado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia al
ordenar a la de Valladolid que investigue la denuncia presentada el pasado
octubre por el Partido Castellano (PCAS) a raíz de los demoledores informes del Consejo de Cuentas sobre las empresas públicas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE
Financiación. Unos informes de fiscalización que, a juicio del citado partido,
ponían de relieve un modus operandi constitutivo de presuntos delitos de
administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos
públicos y prevaricación.
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| Jesús Encabo, presidente Consejo de Cuentas |
Además de
haber abierto diligencias previas para esclarecer los presuntos delitos
denunciados por el PCAS, la fiscalía está investigando determinados contratos
de la Junta que
habrían sido objeto de un fraccionamiento prohibido. Esta nueva investigación tiene
su origen en otro informe del Consejo de Cuentas que detectó dicha
irregularidad en 22 contratos adjudicados por la consejería de Economía en el
año 2010. De esto se tuvo noticia la pasada semana, sin que por lo visto el
presidente de la Junta
se enterara.
Tampoco parece tener conocimiento Juan Vicente Herrera de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción numero 2 de Valladolid en relación con los terrenos comprados por ADE Parques teóricamente destinados a un parque empresarial en Portillo (Valladolid). Según reveló el pasado mes de noviembre el consejero de Economía, Tomás Villanueva, la citada empresa pública adquirió los terrenos en cuestión (en total
La compra se realizó a dos sociedades conectadas entre sí que
previamente habían ido adquiriendo los terrenos a sus propietarios originales a
un precio medio estimado en 40.000 euros la hectárea. Realizados los
correspondientes cálculos, la operación habría reportado a dichas sociedades
una plusvalía próxima a los 22 millones de euros. Tras una investigación
abierta por la
Fiscalía Anticorrupción y las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF), el caso ha pasado al Juzgado de Instrucción
número 2 de Valladolid, que instruye diligencias ante los indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
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| Luis Alberto Solís |
Y lo que ya resulta aún más difícil de creer es que el presidente de
Salvo que no se entere ni de lo que es de dominio público, resulta cuando
menos una osadía que el presidente Herrera ponga a la Junta de Castilla y León
como ejemplo del mas escrupuloso cumplimiento de la
Ley. Y no debería