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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 23 de junio de 2014

Una comunidad en estado crítico

 A priori, del debate parlamentario sobre el estado de la comunidad nunca ha cabido esperar gran cosa. De entrada, su formato, totalmente desequilibrado a favor del presidente de la Junta, le concede a Juan Vicente Herrera todo tipo de ventajas reglamentarias sobre la oposición. (Además de soltarse un discurso-ladrillo de dos horas que suele resultar soporífero, puede replicar y contrarreplicar cuanto le venga en gana y sin límite de tiempo, teniendo siempre la última palabra). Y si encima los socialistas de Castilla y León llegan al trance en pleno cisma, ya me contarán el panorama que pinta ante el debate del próximo miércoles.


Juan Vicente Herrera
 El año pasado ocurrió algo excepcional y fué que, con tal de conseguir a toda costa que el PSOE apoyara la “ordenación territorial”, la Junta dio marcha atrás y repuso las guardias médicas nocturnas suprimidas en 17 centros rurales. Ha sido la única vez que se ha sacado algo en limpio de este debate, que, eso sí, termina siempre aprobando docenas de resoluciones de las que nunca más se sabe.

 Asegura la propaganda oficial difundida desde la “factoría de ficción” que Herrera comparece en este debate habiendo cumplido el 95 por ciento de los compromisos contraídos hace un año. Naturalmente, entre esos compromisos no estaba el de seguir reduciendo -por cuarto año consecutivo- el gasto social, deteriorando todavía más la calidad de unos servicios públicos (Sanidad. Educación, Dependencia, etc.) que no han hecho otra cosa que degradarse desde 2011.

 Aparte de otros manifiestos fracasos que luego reseñaremos, Herrera llega a este debate habiendo incumplido flagrantemente el principal compromiso contraído  en su discurso de investidura: Promover un gran pacto de comunidad para blindar la Sanidad, la Educación y demás servicios esenciales que presta la comunidad autónoma. Nunca quiso saber nada de ese compromiso y, tan pronto como ganó las elecciones Mariano Rajoy, se puso manos a la obra a recortar todo lo recortable y más.

Oscar López , portavoz del PSOE
En el caso de que nos creamos -que ya hace falta tener fé- los Presupuestos de la Junta, las consejerías de Sanidad, Educación y Familia disponen en 2014 de un total de 5.802 millones de euros, que son 810 millones menos de lo que tuvieron presupuestado en 2010. Y eso es mucho dinero como para pretender hacernos creer que la calidad de esos servicios no se ha resentido. Se ha resentido y mucho. 
Ahí están las listas de espera del SACYL, el cierre estival de más de 900 camas hospitalarias –incluso en zonas que aumentan de población en verano- o ese plan de reordenación de la atención primaria que parchea las plantillas de los ambulatorios urbanos a costa precarizar la sanidad rural. Recortes que en el caso de la Sanidad son especialmente sangrantes al coexistir con la onerosa hipoteca que supone la concesión del Hospital de Burgos, cuyo “rescate” puede ser que no tarde en producirse y no precisamente por voluntad de la Junta.

 Ahí están los 1.680 universitarios que, pese a reunir los requisitos,  se han quedado sin beca, el espectacular incremento de las tasas universitarias o la drástica reducción de las ayudas para adquirír los libros de texto. No hablemos de los recortes en las ayudas a la Dependencia, que en algunos casos han llegado a alcanzar el 90 por ciento.

 Todo ello, junto a una tasa de paro que, según la última EPA, se mantiene en el 22,21 por ciento (mas de 250.000 parados, de los cuales cerca de 115.000 carecen de prestación alguna), ha contribuido a extremar la desigualdad social, al punto de colocar al 21 por ciento de los castellanos y leoneses en el umbral de la pobreza y la exclusión social.
Alejandro Valderas (UPL) y José María González (IU)
 En el caso de la población infantil, UNICEF ha elevado esa tasa al 24,9 y sólo la Junta sabe, una vez que se ha negado a mantener abrir comedores escolares en verano, como piensa garantizar que ningún solo menor pase hambre hasta que comience el próximo curso.

 La Red  Protección Integral a las Familias en riesgo de exclusión, de la que tanto presume el gobierno Herrera, quizá no tendría tantas necesidades que atender si la Junta no hubiera secundado las políticas “austericidas” impulsadas por el gobierno Rajoy. Con una mano se asfixia al personal y con la otra se tiene que acudir a socorrerle, lo que además cuesta mas caro, como hemos visto recientemente en el caso del paciente operado de un segundo infarto en Salamanca por no poder afrontar el copago farmaceútico prescrito tras su primera operación.

 En cuanto a fracasos, pocos tan clamorosos como el de la Agenda de la Población, desde cuya puesta en marcha (año 2010) Castilla y León ha perdido 43.646 habitantes, sin contar los que se habrán esfumado a lo largo de 2013. Una sangría demográfica que difícilmente se va a atajar a base de publicitar medidas y más medidas sin dotación presupuestaria alguna. Una de las que podía ser eficaces era el Plan de Convergencia Interior, que, sin embargo, ha sido abandonado, incumpliendo de paso el mandato estatutario que encomendaba al mismo la corrección de los desequilibrios territoriales internos.
Imagen de una sesión plenaria en el "mausoleo"
 Y si hacemos balance del último año, habrá que incluir, entre los nuevos revolcones judiciales, dos de marca mayor y cuantía no menor: el del “centímazo sanitario” y el de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, fiascos por los que nadie ha tenido a bien asumir la menor responsabilidad.

 Todo ello mientras las arcas autonómicas siguen tapando los agujeros del desplome de la recaudación a base de seguir engordando la bola de nieve de la deuda pública de la comunidad, que ha crecido un 15,9 por ciento en el último año. Hace cinco años esa deuda era de 3.227 millones y equivalía al 5,90 por ciento del PIB regional. Ahora anda por los 9.355, el 17,5 del PIB. Y lo sabemos gracias a que este es uno de los pocos datos que Pilar del Olmo, la consejera de Hacienda, especialista en artificios contables y presupuestarios continuamente detectados por el Consejo de Cuentas, no puede camuflar. 

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