Vamos
progresando. Cuatro meses después de iniciar su mandato, el
presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, ha
realizado por fin su primera propuesta para afrontar el problema de
la despoblación. Consiste en dejar de hablar de “La España
vaciada”, expresión que considera peyorativa, y sustituirla por
“La España de las oportunidades”.
No
se sabe si la ocurrencia ha sido suya o ha partido de alguno de sus
colaboradores, tal que del ínclito Ignacio
Cosidó, fichado por 54.039
€ anuales para el Gabinete del Presidente supuestamente para
asesorar sobre mundo rural y despoblación. Podemos utilizar todos
los eufemismos que se quiera, pero no por ello “La España vaciada”
va a dejar de estarlo, ni Castilla y León va a dejar de ser la
comunidad autónoma que más población sigue perdiendo: 165.307
habitantes menos en los 10 últimos años, más de los que
reúne toda la provincia de Palencia.
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| Verónica Casado, consejera de Sanidad |
Los
CRA o el truco del almendruco.-
Coincidiendo con esa finta terminológica del presidente, la
consejera de Sanidad, Verónica
Casado, ha vuelto a la carga lanzando sin consultar ni a los ayuntamientos ni a la
comunidad sanitaria una nueva propuesta sobre el espinoso problema de
la atención primaria en el medio rural. Dado que el verbo “cerrar”
suena muy mal y ha sido retirado del diccionario Mañueco, la consejería ha desistido supuestamente de su intención inicial de liquidar la
mayor parte de los más de 3.600 consultorios locales en Castilla y
León. En su lugar, se ha optado por una fórmula menos cruenta
aunque igual de letal: dejarles morir por inanición.
Ese
será el resultado, más pronto que tarde, si se aplica el plan
consistente en crear la figura del “consultorio rural de
agrupación” (CRA), a ubicar en localidades intermedias a las que
tendrían que desplazarse los vecinos de la respectiva zona de
influencia para recibir la atención primaria que prestan los
actuales consultorios locales. La solución no consiste en resolver
el actual déficit de médicos mediante la dotación de la plantilla
necesaria, sino en concentrar en esos CRA a los mismos que hay ahora
y que sean los usuarios los que se trasladen hasta ellos para poder
seguir siendo atendidos.
Como
es lógico, lejos de tranquilizar a la población afectada, este
truco del almendruco no ha hecho otra cosa que reactivar la alarma en
el medio rural y generar gran malestar entre los profesionales
sanitarios, que, al igual que los ayuntamientos, han sido
completamente ninguneados por la Junta. Tanto la Confederación
Sindical de Sindicatos Medios (CESM) como el sindicato de enfermería
SATSE han deplorado el empeño de la consejería de actuar
unilateralmente sin someter sus propuestas a ninguna mesa de
negociación. Y UGT atribuye a la consejera Casado el “yoismo”
propio de “las personas que se creen el centro del universo”.
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Todo
esto sin que la consejera haya cuantificado el número de los
pretendidos CRA (en Aliste, elegida comarca piloto, se habla de 5 o 6
para 62 pueblos agrupados en 13 municipios) ni los criterios a
aplicar para su ubicación, decisión esta última conflictiva donde
las haya.
El mapa en cuestión puede abrir una caja de Pandora en el medio rural, máxime si la consejería persiste en la política de hechos consumados que ha dado al traste con el Pacto por la Sanidad que dice pretender y del que el PSOE, Podemos y la UPL permanecen descolgados. Para Casado la oposición a su plan se justifica en “el conocido síndrome de la resistencia al cambio”. “Si no sale bien -añade-, para quedarnos como estamos, hay tiempo”.
El mapa en cuestión puede abrir una caja de Pandora en el medio rural, máxime si la consejería persiste en la política de hechos consumados que ha dado al traste con el Pacto por la Sanidad que dice pretender y del que el PSOE, Podemos y la UPL permanecen descolgados. Para Casado la oposición a su plan se justifica en “el conocido síndrome de la resistencia al cambio”. “Si no sale bien -añade-, para quedarnos como estamos, hay tiempo”.
Entretanto,
raro es el día en el que no conocemos nuevos indicadores que sitúan
a Castilla y León a la cabeza de “La España vaciada”. Sin salir
del ámbito sanitario, la Sociedad Española de Farmacia Rural
(SEFAR) ha advertido sobre el peligro que está suponiendo la
despoblación para el mantenimiento de las 4.500 farmacias rurales
existentes en España, más de mil de ellas desperdigadas en nuestra
comunidad autónoma.
De
las 26 farmacias que el pasado año echaron el cierre en España,
siete estaban en pueblos de Castilla y León, donde se localizan 229
de las 880 farmacias españolas en situación de Viabilidad Económica
Comprometida (VEC). Pese a que estas oficinas de farmacia gozan de un
índice corrector de los márgenes que atenúa sus dificultades
económicas, la despoblación amenaza con ir haciéndolas
completamente inviables.
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| "Ofibus" de Bankia en un pueblo de Segovia |
Ni
sucursales ni cajeros.-
Y esta misma semana hemos
sabido que Castilla y León es la comunidad más castigada por la
llamada “exclusión financiera” motivada
por el cierre de sucursales bancarias y hasta de simples cajeros
automáticos. Según un informe del sindicato FINE, un 79,1 por
ciento de los municipios de la comunidad autónoma carecen de
sucursales bancarias tras los ajustes realizados por el sector a raíz
de la crisis financiera. Ello afecta a un total de 365.511 habitantes
-obviamente radicados en el medio rural- que carecen de servicios
bancarios en sus localidades de residencia.
He
aquí una de las consecuencias del proceso de “expolio y almoneda”
de que fueron objeto las seis antiguas cajas de ahorro de Castilla y
León. Su función social pasó a la historia desde que las
absorbieron Unicaja Banco (Caja España-Caja Duero), Bankia (Caja
Segovia y Caja Ávila), Caixa Bank (Caja Burgos) y Caja Círculo
(Ibercaja), entidades bancarias que se lanzaron inmediatamente en
busca del máximo beneficio, dejando en el camino todas aquellas
sucursales que no consideraban suficientemente rentables.
Más
de mil sucursales han echado el cierre en Castilla y León desde que
el sector comenzó su reestructuración. Unicaja mantiene
aproximadamente la mitad de las 679 sucursales que llegaron a sumar
Caja España y Caja Duero. Desde entonces las oficinas cerradas han
sido sustituidas por simples cajeros automáticos o por la visita de
los “ofibus”, los autobuses que recalan una o dos veces al mes
allá donde antes había sucursales.
Y
esta “exclusión financiera” está afectando a municipios que
rondan incluso los mil habitantes, como se ha visto en el Hospital de Órbigo, localidad
ubicada en pleno Camino de Santiago, donde la decisión unilateral de
Unicaja de suprimir el único cajero instalado ha originado todo un
conflicto. Todo esto cuando
el coste público del rescate de cajas y bancos se cifra en 65.725
millones de euros, más de 40.000 de los cuales el Estado da ya por
completamente por perdidos.
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| Carlos Fernández Carriedo, consejero de Hacienda |
Sin
planes ni Presupuestos.-
Aparte de no afrontar el plan de choque regional contra la
despoblación que debería ser prioritario, el gobierno bipartito que
preside Mañueco tampoco tiene la menor intención de descongelar el
Plan de Convergencia Interior (PCI) que contempla el Estatuto de
Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales internos de
la comunidad autónoma. Dicho Plan, que había arrancado en 2010 con
una asignación de 125 millones de euros, desapareció en 2012
víctima de los recortes presupuestarios.
Un
año después, la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio contemplaba en su disposición adicional tercera que el
PCI se repondría “cuando el PIB regional crezca por encima del 2
por ciento interanual”. Dicho requisito se cumplió en 2015 (2,5%),
2016 (3,1%), sin que el gobierno Herrera cumpliera dicha disposición
legal. Y ha vuelto a cumplirse en 2018 (2,5%) sin que el actual
bipartito se haya dado por aludido y sin que figure entre las 100
medidas incluidas en el Acuerdo suscrito por PP y Ciudadanos en junio
pasado.
Bien
es verdad que para abordar estas políticas es imprescindible contar
con unos nuevos Presupuestos de la Comunidad, algo que no parece que
entre dentro de los planes de la Junta. A diferencia de otras
comunidades, gobernadas tanto por el PP (Galicia) o Aragón (PSOE),
que ya han aprobado su techo de gasto para 2020, la consejería de Hacienda no ha dado aquí ningún paso hacia la elaboración de un nuevo proyecto
presupuestario que evite una segunda prórroga de los Presupuestos de
2018. Sin duda, todo un reflejo de la desidia y pasividad con que se
toma el gobierno Mañueco los problemas de Castilla y León.