Si agitadas han bajado y siguen bajando las
aguas de la política nacional, Castilla y León ha dejado atrás un paréntesis
navideño en el que las mociones segregacionistas aprobadas por varios
ayuntamientos leoneses, con el de la capital a la cabeza, han puesto en
evidencia las frágiles costuras de la actual comunidad autónoma.
La segregación de Castilla y León en dos
comunidades diferenciadas requeriría un complejo recorrido legislativo
absolutamente inviable sin el consenso previo del PSOE y del PP tanto en el
Parlamento Autonómico como en las Cortes Generales (Congreso y Senado). Y ya
hemos visto que ninguno de los dos partidos mayoritarios está por esa labor.
El
alcalde de León, José Antonio Díez,
apoyó la moción leonesista contra las directrices expresas de Ferraz, que
incluso considera inconstitucional dicho pronunciamiento. Y el PP ha amenazado
con adoptar medidas disciplinarias contra los alcaldes y concejales que
incurran en esa veleidad.
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| José Antonio Díez, alcalde de León |
Da lo mismo. Aunque jurídicamente el conato
segregacionista no tenga mayor recorrido, políticamente ha dejado al desnudo el
fracaso colectivo de una comunidad que, 36 años después de su constitución,
nunca ha dejado de ser la suma invertebrada de nueve provincias cada vez con
mayores desigualdades. La desafección del común de los leoneses con las
instituciones autonómicas era ya sobradamente conocida. Tanto como lo es el ínfimo
sentimiento de pertenencia a una misma comunidad en el resto de las provincias.
Será casualidad o no, pero esa desafección
leonesa ha rebrotado justo en un momento en el que el consenso básico y de
fondo mantenido por el PP y el PSOE desde la puesta en marcha de esta comunidad
se ha quebrado de la forma más abrupta. Y ello dejando a la intemperie la clave
de bóveda que, pese a toda clase de precariedades, ha sostenido el edificio
común desde 1983.
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| Alfonso Fernández Mañueco |
Sin embargo, a partir
del vigente pacto de gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos en detrimento de la
fuerza más votada en las elecciones autonómicas, que no fue otra que el PSOE,
los puentes entre los dos partidos mayoritarios han saltado por los aires.
Incluso para cuestiones como la reforma del Estatuto de Autonomía, que, al
requerir mayoría reforzada, solo pueden salir adelante mediante el consenso de
ambos. Y en tramitación están de forma paralela dos proposiciones de reforma
del Estatuto condenadas de antemano al fracaso.
Lo del Estatuto, que
tiene que ver con lo de suprimir los aforamientos, no deja de ser a fin de
cuentas un asunto menor. Lo realmente grave es que problemas tan vitales y
acuciantes como el de la despoblación, la ordenación territorial o la reforma
de la Sanidad ,
lejos de abordarse mediante pactos de comunidad, estén alimentando una
confrontación global entre Junta y oposición. Y eso es algo inédito y sumamente
negativo para el interés general de castellanos y leoneses.
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| Francisco Igea |
La reforma de la
atención primaria rural, lanzada por la consejería de Sanidad sin ninguna clase
de consenso político, social y profesional (véase la postura del presidente del Consejo de Colegios Médicos), ha sido la primera ofensiva. Pero hay otras en ciernes y de
no poca importancia.
Cambio de reglas a mitad del
partido.- En plenas Navidades la consejería de
Transparencia ha iniciado el proceso para eliminar de la Ley de Ordenación del
Territorio aprobada en 2013 la mayoría parlamentaria cualificada establecida
para aprobar de los mapas rurales pendientes de delimitar. Esta mayoría
cualificada de dos tercios de las Cortes Regionales (54 procuradores) obligaba
a pactar con el PSOE la aprobación de dichos mapas, ya que PP y Ciudadanos
disponen únicamente de la mayoría simple y raspada de 41 escaños.
De forma y manera
que, antes de presentar propuesta alguna sobre dichos mapas, Igea ha promovido -obviamente,
con el beneplácito de Mañueco- una
reforma de la Ley
que, al cambiar las reglas a mitad del partido, supone toda una nueva
declaración de guerra al PSOE, que por cierto cuenta con 3.836 concejales en la
comunidad frente a los 745 logrados por Ciudadanos en las últimas elecciones
municipales.
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| Bancada socialista en las Cortes de Castilla y León |
En el momento más critico desde que Castilla y León accedió
a la Autonomía ,
Fernández Mañueco está permitiendo que un iluminado político como Igea, sedicente
líder regional de un partido tan inconsistente como Ciudadanos, esté dinamitando, uno a
uno, todos los consensos sobre los que, mal que bien, se ha ido sosteniendo
esta comunidad autónoma. Una inaudita temeridad conducente hacia un colapso del que será máximo responsable un presidente de la Junta incapaz de asumir las
riendas del gobierno que preside.