Con el estado de alarma ya con fecha de
caducidad, Castilla y León estrena semana con una situación inédita desde que
comenzó la desescalada: cinco provincias saltan a la fase 3 y las otras cuatro
permanecen en la fase 2. Esta división territorial, que ya se ha dado durante
este proceso en otras comunidades, no tendría nada de particular si obedeciera
a criterios estrictamente epidemiológicos. Pero no es el caso.
Los máximos responsables políticos de
gestionar la cuestión -a saber, el inevitable vicepresidente Francisco Igea y su consejera-delegada,
Verónica Casado- proclamaron hasta el aburrimiento que la desescalada en
Castilla y León se atendría rigurosamente a criterios epidemiológicos. La salud
por encima de todo, era el lema. Un principio que ha ido sucumbiendo a medida
que crecía la presión de los sectores económicos, irritados por la lentitud con la que esta comunidad
estaba encarando el proceso. Sensible a esas presiones, el presidente de la Junta se propuso a mediados
de mayo acelerar el ritmo, forzando al dúo Igea-Casado a amoldar los parámetros
epidemiológicos a criterios puramente políticos.
 |
| Mañueco y tras él Igea y Casado en el Colegio de la Asunción |
Con esa rebaja de los criterios iniciales, el
pasado 8 de junio toda la comunidad pasa de la fase 1 a la fase 2 sin ninguna
objeción. El problema surge cuando la
Junta se propone dar otro acelerón y anuncia su intención de
solicitar el salto de las nueve provincias a la fase 3 a partir de este lunes 15,
con tan solo una semana de permanencia en la fase 2. Y es al forzar este salto
cuando se fractura el mapa en dos bloques, con cinco provincias por un lado y
cuatro por otro, estas últimas, Ávila, Segovia, Salamanca y Soria, relegadas a última hora con el argumento de su proximidad a Madrid.
¿Desde cuando una circunstancia geográfica
como “la proximidad a” constituye un criterio epidemiológico? La realidad es
que una de esas provincias, Soria, no hubiera pasado el corte en el ministerio
de Sanidad y otra, Salamanca, probablemente tampoco. Ante lo cual la Junta , para no dejar a estas
dos provincias aisladas y estigmatizadas, ha metido en el mismo saco a Ávila y
Segovia, que, siendo las únicas limítrofes con la comunidad de Madrid, reunían sin
embargo los requisitos para pasar a la fase 3. Y esa ha sido la añagaza, propia
de aficionados al trile, concertada entre Mañueco y el dúo Igea-Casado para
salir del lío en que ellos solos se habían metido. (*)
 |
| Tudanca, a la puerta del consultorio de Valdorros (Burgos) |
Precisamente la actitud de Igea resulta clave,
habida cuenta de que en sus dominios radican dos de las exigencias “sine qua
non” planteadas por el PSOE. Una es la renuncia de la Junta a la reforma de la
atención primaria que condenaría a su desaparición a la inmensa mayoría de los
consultorios locales rurales y el restablecimiento inmediato de la atención
presencial suspendida durante la pandemia. La otra es la retirada de la Ley con la que la Junta se proponía suprimir
la mayoría cualificada de las Cortes para la aprobación de los mapas rurales de
Ordenación del Territorio.
Al propio tiempo la Junta pretende presentar
como concesión para facilitar el pacto su renuncia a la que era su medida
estrella: la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones. La realidad es que no se trata de ninguna concesión. Después de los
estragos originados por la crisis de la Covid-19 en las arcas autonómicas, dicho “regalo fiscal” a los grandes patrimonios
no tiene la menor presentación. Y de hecho Ciudadanos, que en materia fiscal es tan
regresivo como el PP, si no más, ha asumido que esa bonificación no es de
recibo en la actual coyuntura.
De otro lado, las mociones de censura
promovidas por el PP para desalojar al PSOE de las alcaldías de Guardo
(Palencia) y Peñafiel (Valladolid) no han contribuido precisamente a allanar el
camino del pretendido pacto de comunidad. En plena negociación del mismo, los
máximos dirigentes socialistas en Castilla y León se han tomado dichas mociones
como una agresión política que no pueden pasar por alto.
 |
| Residencia Los Royales (Soria): 39 muertos y 97 contagiados |
¿A qué espera Tudanca para exigir una
investigación sobre las residencias?.-
Por más que la Junta
se empeñe en hacernos creer que desplegó un dispositivo para garantizar en las residencias
una asistencia equivalente a la prestada en los hospitales, son incontables los
testimonios que desmienten esa aseveración. El diario.es ha constatado, documentos en mano, que esa
“medicalización” a través de los llamados “equipos Covid residencias”, en modo
alguno proporcionó a los residentes enfermos la atención propia de un hospital,
ni en planta y no digamos en UCI.
 |
| Nuria Rubio en el pasado pleno de las Cortes |
Una
comisión que, además de la actuación de la Junta respecto a las residencias, debería investigar
los protocolos aplicados por el Sacyl en los hospitales, donde se habría denegado asimismo
el ingreso a otros cientos de enfermos por meras razones de edad. No se olvide que
aparte de los 3.765 muertos por Covid-19 en hospitales (2.040) y residencias (1.725)
de Castilla y León, casi otros mil contagiados (998 a fecha de hoy)
han fallecido en sus propios domicilios, lo que por cierto eleva a 4.763 el total de víctimas mortales que se ha cobrado la pandemia en esta comunidad.
(*) Casualmente,la Junta no ha colgado hasta hoy lunes en su página web la documentación anexa correspondiente, en la que además no se detalla el número de positivos PCR en cada provincia durante la semana de referencia (1-7 de junio).
(*) Casualmente,