En la actual situación de crisis sanitaria,
económica y social derivada del Covid-19, no cabe duda de que, frente a la
crispación y los mezquinos tacticismos
partidistas, nada más deseable que el diálogo y el consenso político para afrontar la dura travesía que
tenemos por delante. En este contexto, y a falta de esos nuevos Pactos de la Moncloa que no tienen
visos de cuajar, se ha saludado poco menos que como una panacea el pacto para
la “reconstrucción de Castilla y León” firmado la pasada semana.
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| Firma de Tudanca en presencia de Mañueco |
Cataplasma
para la maltrecha Sanidad.- El primer apartado de ese gasto es un fondo
de 250 millones de euros destinado a paliar los efectos del Covid-19 sobre la
maltrecha Sanidad Pública de la comunidad. A primera vista, podría pensarse que es una cifra astronómica. Pero si se tiene en cuenta que el presupuesto de la
consejería de Sanidad está en torno a los 3.600 millones de euros, cuantía que,
según la consejera se había sobrepasado en otros 1.000 antes de la pandemia, estaríamos
hablando de una inyección extraordinaria de tan solo un 5,5 por ciento del
total de gasto sanitario regular. Una inyección muy inferior, probablemente la
mitad, a la que va a recibir la
Junta de los 9.000 millones a repartir el gobierno Sánchez para
compensar el gasto sanitario ocasionado por el Covid-19 a las comunidades
autónomas.
El pacto contempla la constitución de un grupo
de expertos que asesoren un nuevo modelo de ordenación sanitaria en Castilla y
León, pero no descarta la posibilidad de que la Junta vuelva a la carga con
la polémica reforma de la atención primaria emprendida antes de la pandemia, esa que
abocaba al cierre por inanición a una gran mayoría de los 3.600 consultorios
locales.
Atención al siguiente párrafo: “Durante
el periodo de tres meses, a lo largo del cual se avanzará en la definición del
nuevo modelo, no se implementarán reformas estructurales en el sistema de atención primaria”. Traducción: pasados tres meses, la consejería podrá volver a las andadas reactivando la reforma
iniciada e interrumpida en la comarca de Aliste. Por lo demás, ni una palabra
sobre el posible rescate público de la onerosa gestión del Hospital de Burgos.
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| Ningún blindaje para los consultorios |
Mecánica repetición de un Plan sin
esfuerzo inversor añadido.- La segunda gran cifra que infla el pacto es el Plan de
Inversiones Sociales Prioritarias (PISP) dotado con 728 millones de euros, otra
cantidad que dicha así parece el no va a más. Y no. En primer lugar, no son
inversiones a mayores del gasto estructural de la Consejerías
concernidas. En segundo lugar, esa cuantía corresponde al quinquenio 2021-2025,
con lo cual la inversión media anual ha de dividirse entre cinco. Y en tercer
lugar, se trata exactamente de la misma dotación del vigente PISP aprobado en su
día para el quinquenio 2016-2020. ¡La misma cuantía que la de cuatro años antes! Un Plan del que en 2.018, último ejercicio del que se tienen noticias,
no se ejecutó, según los socialistas, el 31,23 por ciento de los 198 millones
presupuestados…
Viene después
la constitución de un Fondo Extraordinario Covid-19 dotado por 80 millones de
euros, de los cuales 60 se transferirán a los ayuntamientos para fomento del
empleo y refuerzo de la protección social. Por último, 8 millones de euros
para una convocatoria especial de becas y 3 más para subvencionar la compra
de ordenadores y la conexión a Internet a las familias mas desfavorecidas
completan esos 1.069 millones consignados en el acuerdo.
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| Díez y Puente no lo tienen tan claro como Tudanca |
Frente a
esa abundancia de literatura, están las serias carencias y omisiones de que
adolece el acuerdo. En primer lugar, ni uno solo de sus 86 puntos hace referencia a la lucha contra la despoblación, el primer problema estructural de
la comunidad autónoma la palabra “despoblación” no figura en ninguna
de las 18 páginas del documento, en el que tampoco existe la menor alusión al "reto demográfico").
Del mismo modo, no se menciona para nadala Ordenación Territorial ,
de donde se desprende que sigue su trámite la reforma legislativa promovida por
la Junta para
suprimir la mayoría cualificada exigida en las Cortes y poder así imponer sin
consenso los mapas rurales pendientes de aprobación. Y por supuesto, ni palabra
del Plan de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios
territoriales internos, cuya recuperación, propuesta por los socialistas, ya
había sido tumbada por PP y Ciudadanos en el último pleno de las Cortes.
Del mismo modo, no se menciona para nada
Espesa cortina negra sobre las
residencias de ancianos.- Pero ni estas carencias tan sustanciales ni su reducido
alcance presupuestario constituyen los principales defectos del pacto en
cuestión. Lo
verdaderamente nocivo del acuerdo es la contrapartida obtenida por la Junta al firmarlo: la renuncia
del PSOE de Luis Tudanca a apoyar la
comisión de investigación que venía proponiendo Podemos sobre la tragedia que
han vivido las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, a causa
del Covid-19.
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| Tomás Pérez,, secretario de la FeSP-UGT |
En lugar de exigir esa investigación
absolutamente imprescindible, Tudanca ha firmado un pacto que despacha lo
ocurrido en las residencias con un simple informe elaborado por la propia
Junta. ¿Piensa acaso el dirigente socialista que dicho informe de parte va a
cuestionar el cierre de filas del presidente, el vicepresidente y las
consejerías de Sanidad y Familia, todos los cuales han afirmado que volverían a
hacer lo mismo “una y mil veces”? ¿Cree Tudanca que en ese informe se va a
reconocer el abandono asistencial sufrido por muchos enfermos en esos centros y que la
Junta va a admitir que no todos los 1.725 fallecidos en ellos
hubieran perdido la vida de haber sido trasladados a los hospitales de la
comunidad?
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| Pablo Fernández, firmante comparsa |
ganadores ni perdedores. Las renuncias asumidas por el PSOE de Tudanca lo convierten en un pacto altamente invalidante para la oposición (también para Podemos, cuyo responsable, Pablo Fernández, luego de ser completamente ninguneado en la negociación, asumía el papel de comparsa y perdía el culo para salir en la foto de un pacto que cierra la puerta a la comisión de investigación que venía enarbolando).
Hay dos
claros ganadores. El primero Alfonso
Fernández Mañueco, que, no solo elude su responsabilidad política en la
gestión de la crisis de la
Covid-19 en general y en las residencias de ancianos en
particular, sino que ha visto realzada su figura política dentro y fuera de la
comunidad como ejemplo de gobernante que apuesta por el diálogo y el consenso.
El otro es Francisco Igea, que elude
esa misma responsabilidad en cuanto que máximo responsable de la estrategia
sanitaria, y no renuncia absolutamente a ninguna de las políticas que venía
perpetrando antes de la pandemia.
Y un
perdedor neto, Luis Tudanca, que, al abdicar de su deber democrático de ejercer la oposición, se ha hecho un flaco favor a sí mismo, a su partido y a la comunidad. Ha erosionado gravemente su credibilidad política y ha dejado muy tocada la alternativa
de gobierno que hasta ahora representaba.