Nada hacía sospechar que en una coyuntura
laboral tan crítica, con cerca de 34.000 ERTEs presentados ante la Administración
Autonómicala Junta fuera a tirar la
toalla. Y menos tratándose de alguien que venía ejerciendo el cargo con
solvencia y en sintonía con la patronal
y los sindicatos.
Pero la
resistencia humana tiene un límite y el de Germán
Barrios se agotó el lunes 25 de mayo, cuando, hastiado de soportar las
zancadillas, injerencias y ninguneos del vicepresidente Francisco Igea, se plantó en el despacho de Alfonso Fernández Mañueco para presentarle la dimisión, que por
cierto el presidente aceptó de inmediato sin pedirle que reconsiderara dicha
renuncia.
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| Germán Barrios y Davíd Martín |
La primera jugada del vicepresidente para atar
corto a Barrios fue colocarle como viceconsejero a uno de sus incondicionales,
el abulense David Martín, que, a
modo de comisario político, venía dedicándose a interferir y socavar la
labor del consejero dimisionario, de lo que pueden dar fe los agentes sociales.
Paralelamente,
el propio Igea se ocupaba de torpedear a conciencia el Diálogo Social (recuérdense sus provocadoras declaraciones en vísperas de la huelga convocada para
exigir el restablecimiento de la jornada de 35 horas) y de ningunear todo lo posible al consejero de Empleo, quien, siendo entonces el consejero
competente en materia de Ordenación del Territorio, no fue consultado ni informado
de la controvertida reforma de la atención primaria impulsada por la consejera
de Sanidad.
Impúdico cambalache interno en Ciudadanos.- Dimitido Barrios, lo razonable es que el episodio se hubiera resuelto nombrando sin más a otro consejero/a propuesto/a por Ciudadanos sin tocar el equipo de una consejería fundamental para gestionar la crisis del del Covid-19. Y es aquí donde hemos asistido a una obscena disputa de poder entre el insaciable Igea y la dirección nacional del partido.
Después de haber provocado el incendio, el pirómano vicepresidente pretendía encima colocar como nuevo consejero a su principal cómplice en la tarea de prenderlo, el mencionado David Martín. Y ahí ha sido donde Inés Arrimadas ha patrocinado una componenda interna que ha zanjado el conflicto aparentemente sin vencedores ni vencidos. La dirección nacional de Ciudadanos ha permitido que el vicepresidente pase a controlar a sus anchas la consejería de Empleo e Industria, eso sí, a cambio de perder toda su influencia sobre el grupo parlamentario naranja en las Cortes.
Después de haber provocado el incendio, el pirómano vicepresidente pretendía encima colocar como nuevo consejero a su principal cómplice en la tarea de prenderlo, el mencionado David Martín. Y ahí ha sido donde Inés Arrimadas ha patrocinado una componenda interna que ha zanjado el conflicto aparentemente sin vencedores ni vencidos. La dirección nacional de Ciudadanos ha permitido que el vicepresidente pase a controlar a sus anchas la consejería de Empleo e Industria, eso sí, a cambio de perder toda su influencia sobre el grupo parlamentario naranja en las Cortes.
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| Ana Carlota Amigo y Francisco Igea |
El hecho es
que tras el referido cambalache Igea
pastorea a su antojo toda la representación de C´s en la Junta , mientras que el
sector oficialista controla su representación parlamentaria, en la que los
críticos quedan reducidos a la mínima expresión, ya que a su vez otro afín al vicepresidente, el palentino Juan Pablo Izquierdo ha desembarcado en una
de las direcciones generales de la consejería de Empleo. (Tras la salida de
Amigo e Izquierdo, tan solo la secretaria tercera de la Mesa , Marta Sanz Gilmartín, y
la procuradora abulense Inmaculada Gómez,
siguen guardando cierta fidelidad a Igea).
Consejería tomada a saco.- Naturalmente,
el vicepresidente y los suyos han entrado a saco en la consejería de Empleo e
Industria, al punto de que, antes de que tomara posesión su nueva titular, ya aparecían en
el Bocyl los ceses y nombramientos de cuatro de los otros siete altos cargos de
su organigrama. Tres significados miembros del sector crítico de Ciudadanos
acceden a otras tantas direcciones generales: el citado Izquierdo es el nuevo
director general de Economía Social, el concejal abulense Alberto Burgos se hace cargo de la de Industria y el efímero
diputado zamorano José Antonio Bartolomé
es el nuevo titular de la de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
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| José Antonio Bartolomé: Por fín colocado |
Con ello, la
cofradía de altos cargos y asesores nombrados por o a instancias de Igea sobrepasa ya el medio centenar. Y todavía tenemos que oír al
personaje afirmar sin ningún rubor que la crisis originada por la dimisión de
Barrios se ha resuelto en función del “interés general” y no de “las cuitas
internas” de partido… ¡ Este era el paladín de la "regeneración democrática" que iba a erradicar el "clientelismo político" en la Junta...!
Residencias de ancianos, un carpetazo político
inadmisible.- Entretanto,
frente al intento de dar carpetazo a lo ocurrido en las residencias de ancianos
de Castilla y León, donde según datos oficiales de la Junta la pandemia se ha
cobrado 2.571 vidas (1.469 con diagnóstico confirmado y otros 1.102 con síntomas
compatibles), la exigencia de responsabilidades judiciales y políticas se va
abriendo camino.
Mientras en
Madrid la asociación “Marea de Residencias” ha presentado una querella contra
la presidenta Díaz Ayuso, el
consejero de Sanidad y los responsables de distintos centros geriátricos por
presuntos delitos de denegación de auxilio, trato vejatorio y homicidio
imprudente, en nuestra comunidad está dando sus primeros pasos una Plataforma
de Afectados (afectadosresidenciascyl@gmail.com)
que se propone colaborar “a dilucidar responsabilidades jurídicas,
profesionales e institucionales por la nefasta gestión de la pandemia del
Covid-19 en las residencias de Castilla y León”. Los promotores de esta
plataforma consideran que la mortalidad registrada en estos centros constituye
“una tragedia que se podría haber evitado” y exigen que se aclaren “las
decisiones y órdenes adoptadas individual o colectivamente” por los órganos
competentes de la Junta.
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| Luis Tudanca y Pablo Fernández |
Esa iniciativa de Podemos pone en un brete al
grupo socialista, que se ha venido
inhibiendo sobre la hecatombe de las residencias, sin manifestarse siquiera
sobre las instrucciones cursadas por la Junta en pleno pico
de la pandemia, a partir de las cuales los residentes contagiados dejaron de
ser trasladados a los centros hospitalarios (ello explica sin duda el hecho de que del total de los 2.571 fallecidos, 1718 hayan muerto en las propias residencias y solo 853 en los
hospitales).
Por si no
se ha enterado Luis Tudanca, en la Asamblea de Madrid ha
sido su homólogo Ángel Gabilondo el
que ha promovido, con el apoyo de Mas Madrid y Unidas Podemos, la creación de
una comisión de investigación exactamente para el mismo fin.
“La situación ha sido extremadamente grave, con consecuencias terribles, y es fundamental que se aclaren las responsabilidades”, ha dicho Gabilondo. Esa misma situación es calcada a la que se ha dado en Castilla y León, donde la fiscalía del Tribunal Superior y las fiscalías provinciales mantienen abiertas más de 20 diligencias penales en relación con diversas denuncias individuales y colectivas, alguna de ellas por presunta omisión de asistencia sanitaria.
“La situación ha sido extremadamente grave, con consecuencias terribles, y es fundamental que se aclaren las responsabilidades”, ha dicho Gabilondo. Esa misma situación es calcada a la que se ha dado en Castilla y León, donde la fiscalía del Tribunal Superior y las fiscalías provinciales mantienen abiertas más de 20 diligencias penales en relación con diversas denuncias individuales y colectivas, alguna de ellas por presunta omisión de asistencia sanitaria.