El
debate sobre el Estado de la Comunidad a celebrar este martes estaba
llamado a examinar, a modo de balance, el primer año de gestión del
gobierno de coalición que preside Alfonso Fernández Mañueco
tras el “pacto de perdedores” PP-Ciudadanos que relegó a la
oposición al PSOE, el partido más votado en las pasadas elecciones
autonómicas.
Sin
embargo, el debate se presenta a priori sumamente devaluado a causa
del pacto de comunidad para la "reconstrucción" de Castilla y
León suscrito hace dos semanas por los dos partidos que hace un año
se repartieron la Junta y las dos principales formaciones de la
oposición, PSOE y Podemos. Casi recien firmado ese acuerdo,
analizado aquí hace una semana, resultará poco creible ver al lider
de la oposición, el socialista Luis Tudanca, criticar y
exigir explicaciones al gobierno Mañueco por su deficiente gestión
antes y después de la pandemia. No tanto quizá al dirigente de
Podemos, Pablo Fernández, que ya está renegando de un pacto
que tiene mas agujeros que un queso de gruyer. (Veasé lo ocurrido
con el decreto de “agilización y simplificación administrativa”,
aprovechado por la Junta para desregular la legislación
medioambiental).
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| Maroto y Mañueco, saludo entre enmascarillados |
Todo ello al mismo tiempo que en las Cortes los nuevos socios decidían premiarse a sí mismos y a los demás como un generoso incremento en las subvenciones a los grupos parlamentarios y se permitían nombrar senador en representación de la comunidad autónoma a otro insigne descolocado del PP, el vasco Javier Maroto, que había perdido su escaño de diputado por Alava en las elecciones generales.
Con semejante tarjeta de presentación, irrumpió en la Junta el gobierno
presidido por Fernández Mañueco, cuya primera iniciativa fue la de
suprimir el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, medida en
tramitación que ahora se ha visto obligado a suspender, no como
concesión al pacto de comunidad, sino ante lo indecoroso que en
estos momentos resultaba semejante “regalo fiscal” cuando las arcas autonómicas están poco menos que en bancarrota (advirtiendo,
eso sí, para que nadie se engañe, que, en cuanto tengan un respiro, volverán a tramitarlo).
En
los ochos meses de gestión anterior al estado de alarma, el gobierno
Mañueco incumplió flagrantemente su obligación (artículo 89.2 del
Estatuto de Autonomía) de presentar el Proyecto de Presupuestos de
la Comunidad para 2020. Y sus excusas no sirven, porque la mayor
parte de las comunidades cumplieron con ese deber. El resultado es
que, mediado el 2020, la Junta sigue gobernando con los Presupuestos
de 2018, los últimos aprobados por el gobierno de Juan Vicente
Herrera, con todas las limitaciones que ello supone y sin que se
tenga ninguna certeza de que llegue de nuevo octubre y sigamos en las
mismas.
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| Un año sin cumplir el acuerdo de reponer la jornada de 35 horas |
Tampoco
tuvo tiempo de constituir el grupo de trabajo de expertos
independientes encargado de elaborar un diagnóstico con propuestas
de actuación sobre la Lucha contra la Despoblación y la nueva
Ordenación del Territorio, tal como figura en el punto 78 del
acuerdo programático suscrito entre PP y Ciudadanos. El actual
gobierno de la comunidad no ha tomado ni una sola medida contra una
despoblación que sigue diezmando el censo de la comunidad, salvo la
de trasladar ahora la competencia desde la consejería de Empleo a la
de Transparencia. Y en cuanto a la Ordenación del Territorio, su
única iniciativa ha consistido en tramitar una reforma legislativa
mediante la que pretende eliminar la mayoría cualificada exigida en las
Cortes y así poder imponer sin consenso los mapas rurales pendientes de aprobación desde la pasada Legislatura.
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| Verónica Casado y Francisco Igea |
Sobre
la actuación de la Junta en relación con el Covid-19, mucho
podríamos extendernos. Desde la posición inicial de la consejera
Casado, que todavía a principios de abril veía completamente
innecesario el uso de mascarilla por parte de las personas no
contagiadas, a las incongruencias del plan de medidas de la “nueva
normalidad” extrañamente firmado por el consejero de Economía y
Hacienda, pasando por el flagrante incumplimiento de las ayudas
complementarias de 210 euros mensuales que siguen esperando (y lo que
te rondaré) los más de 70.000 trabajadores incluidos en ERTEs.
Por
medio pueden disculparse episodios como la compra y distribución de
mascarillas no homologadas, pero no las instrucciones cursadas con fecha 23 de marzo por las Gerencias de Salud y Servicios Sociales
privando de hospitalización a quienes contrajeron la enfermedad en
las residencias de ancianos (públicas y privadas) de la comunidad.
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| Luis Tudanca |
¿Cómo
piensa el PSOE de Luis Tudanca pedir explicaciones a la Junta sobre
este drama cuando, en aras del pacto para la “reconstrucción” ha
decidido mirar para otro lado y no solicitar una comisión de
investigación como la impulsada por el portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo? Sin ese pacto, el
gobierno Mañueco concurriría a este Debate sobre el Estado de la
Comunidad con un paupérrimo balance y muchas cuentas que rendir. Tras su firma, capeará cómodamente las pastueñas embestidas de la
domesticada oposición.