El pasado
13 de mayo el presidente de la
Junta , Alfonso
Fernández Mañueco, y el líder de la oposición y del partido con mayor
número de escaños en las Cortes de Castilla y León, el socialista Luis Tudanca, se reunían en el Colegio
de la Asunción
y sentaban las bases para negociar un pacto para la “reconstrucción” de
Castilla y León. Un acuerdo de comunidad estructurado en torno a cinco ejes:
Sistema público de Salud, recuperación económica y del empleo, fortalecimiento
de la protección social, funcionamiento de los servicios públicos y mejora de
la financiación autonómica.
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| Tudanca y Mañueco el pasado 13 de mayo |
Lo cierto es que esta es la fecha y ni
castellanos ni leoneses sabemos en qué situación se encuentran esas
negociaciones. Mientras tanto, otras comunidades que iniciaron ese camino más
tarde ya han suscrito acuerdos similares. Es el caso de Aragón, donde el
gobierno autonómico, los partidos (con la única excepción de Vox), la patronal,
los sindicatos y la
Federación de Municipios y Provincias han rubricado un
documento con 273 medidas para la recuperación social y económica. Lo mismo ha
sucedido en Canarias, con un anexo presupuestario que pretende movilizar
durante este mismo año un total de 18.535 millones de euros, 14.616 aportados
por el conjunto de las Administraciones y 3.919 de financiación privada. Y en
Castilla-La Mancha se ha firmado un primer acuerdo entre la Junta de Comunidades, el
PSOE y Ciudadanos, al que no se ha sumado el PP.
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| Francisco Igea y Verónica Casado |
Los socialistas han establecido como condición sine qua non que la Junta
envíe a la papelera la reforma de la atención primaria rural emprendida
unilateralmente por la consejería de Sanidad mediante la experiencia piloto de
Aliste, abruptamente interrumpida por la crisis sanitaria del Covid-19. Y
mientras tanto exigen con carácter inmediato la vuelta a la normalidad de los
centros de salud y consultorios locales, cuyo funcionamiento se ha visto extraordinariamente
restringido a causa de la pandemia. Unas exigencias, las del PSOE de Luis Tudanca, que chocan frontalmente
con la posición de Igea y su vicaria-consejera Verónica Casado, que no quieren apearse de su propósito de dejar
morir por inanición a la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales distribuidos
por la comunidad autónoma.
Seguramente, no es el único escollo que se
interpone en la común voluntad de pacto que comparten Mañueco y Tudanca. Los
socialistas tampoco están dispuestos a
tragar con la reforma de la Ley
de Ordenación de Servicios del Territorio en trámite que eliminaría la mayoría
cualificada exigida en las Cortes para aprobar los mapas rurales. Una reforma
legislativa promovida asimismo por Igea con el exclusivo propósito de eliminar
la capacidad de veto que otorga la actual Ley al grupo socialista. De tal
suerte que es el vicepresidente de la
Junta quien, para contrariedad del propio presidente, se erige en gran obstáculo
para alcanzar en Castilla y León ese pretendido pacto para la recuperación social
y económica de la comunidad.
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| David Castaño |
dos facciones excluyentes entre sí: la que está en
Pese a los abrumadores datos y documentos sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León, donde se
aproximan a 2.600 las víctimas mortales del Covid-19, Tudanca sigue resistiéndose
a solicitar una comisión parlamentaria de investigación que esclarezca las
causas que han originado tamaña mortandad. Una comisión de libro que resulta absolutamente inexcusable para establecer las responsabilidades políticas ante una actuación en el mejor
de los casos temeraria por parte de las consejerías de Sanidad y Familia, que
suscribieron conjuntamente unas instrucciones que en la práctica convirtieron las
residencias en una trampa mortal (1.722 fallecidos en los propios centros al
verse privados de su derecho a ser trasladados a un hospital). Una comisión
como la que ya se ha aprobado en el Parlamento catalán y como la que ha
promovido en el Asamblea de Madrid el grupo socialista que preside Ángel Gabilondo.
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| Carmen Flores, Defensor del Paciente |
A instancias de
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| Cinta Pascual en el Congreso de los Diputados |
Así las
cosas, con esta clamorosa inhibición de Tudanca, no es extraño que, al contrario
de lo que ocurre en la
Comunidad de Madrid, los responsables del desastre en las
residencias en Castilla y León se ufanen de su actuación. Mientras la
presidenta madrileña escurre el bulto negando la evidencia y el consejero de
Familia (Ciudadanos) señala como responsable al de Sanidad (PP), aquí la
consejera Casado y su faro-guía, el vicepresidente Igea, no se arrepienten de
haber privado a la mayor parte de los ancianos contagiados de su derecho a ser
atendidos en centros hospitalarios.
Y no solo eso: el vicepresidente Igea y primo
de Zumosol de la consejera Casado arremete contra el presidente del Consejo del
Colegio de Médicos de Castilla, José
Luis Díaz Villarig, solo porque éste ha tenido la osadía de interesarse por
las medidas sanitarias adoptadas por la Junta para combatir la pandemia. Por el mero
hecho de requerir esa información, Igea ha sugerido que el presidente de la
organización médica colegial ignora uno de los preceptos del código hipocrático -el primum non nocere, lo primero es no hacer daño- ante lo cual Díaz Villarig
ha anunciado la presentación de una querella por calumnias e injurias.
La capacidad de crispar la vida pública que
demuestra día sí día también el vicepresidente de la Junta no conoce límites. En
el pecado lleva el indolente Mañueco la penitencia.