La
resaca de las elecciones madrileñas, esto es, el denominado “efecto Ayuso”, ha
coincidido con el final del estado de alarma y ello ha permitido resituar los
complicados equilibrios de poder en el seno de la Junta, donde el presidente Fernández Mañueco se ha rearmado frente
a su incómodo vicepresidente, el indescriptible Francisco Igea.
Tras
unos primeros momentos de dubitación, Mañueco zanjaba el pasado miércoles
cualquier duda sobre el toque de queda y el cierre perimetral. Frente al
posible intento de Igea y de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de buscar algún resquicio para mantener dichas
restricciones, Mañueco dejaba claro que no había lugar a nuevas ocurrencias
como la de adelantar el toque de queda sobre la base de la caída del sol. La
resolución del Tribunal Superior de Justicia que declaró contrario a Derecho el
toque de queda decretado por la Junta a finales de octubre, ha permitido
conocer de antemano lo que sucedería si el gobierno de Castilla y León reincide
en esa ocurrencia.
Mañueco y Ayuso en el puerto de Navacerrada |
Ha
habido un episodio que ha colmado la paciencia del presidente de la Junta: la
interrupción, el pasado 7 de abril, de la vacunación con Astra-Zeneca en el
centro cultural Miguel Delibes, de Valladolid. Por increíble que parezca, dicha
decisión fue adoptada por la consejera de Sanidad sin consultar ni informar
previamente al presidente de la Junta, que recibió la noticia con el mismo
estupor que el resto de los ciudadanos. (De cara al presidente, Igea ha
mantenido que él tampoco fue consultado ni informado, lo cual resulta harto
inverosímil).
A partir
de ese episodio, la consejera Casado ha caído en desgracia ante el presidente,
lo cual tal vez explique, aunque no justifique, el estado de nervios reflejado
en el ex abrupto dedicado a la socialista Patricia
Gómez en la agitada sesión plenaria de las Cortes del pasado 13 de abril. Y
en cuanto a Igea, resulta obvio que el presidente no se cree que la consejera
suspendiera ese día la vacunación sin su conocimiento y anuencia.
Francisco Igea y Verónica Casado |
Pero ese
rearme “interno” no resuelve el gran problema de Mañueco, cual es la pérdida de
la mayoría parlamentaria. Todo lo contrario. Cuando ni siquiera ha conseguido
captar un voto del grupo mixto que compense la fuga de la procuradora María Montero, el problema se ha agravado desde el momento en que los 11
procuradores de Ciudadanos son en la práctica otros tantos náufragos políticos
de un partido completamente a la deriva.
Tras el
resultado del 4-M en Madrid, refrendo del cosechado antes en las elecciones
catalanas, Inés Arrimadas tendría
que haber dimitido la misma noche electoral. Y lejos de ella de esa tentación,
resiste en su puesto con la misma fe que el pianista del Titanic. Y qué decir
de Igea, qué ahora celebra el triunfo del “ayusismo” como si fuera propio,
olvidando que es producto de unas políticas en las antípodas de las defendidas
e impuestas por él a Mañueco. “Me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato”, llegó a afirmar el desmemoriado
vicepresidente acerca de las medidas aplicadas por Díaz Ayuso cuando hace un año empezó la primera desescalada.
González, Fuentes, Sanz y Castaño |
Cinco de
los 11 procuradores de Ciudadanos rezan cada día a San Liberto para que se mantenga
el statu quo en Castilla y León. Son el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la secretaria tercera de
la Mesa de la Cámara, Marta Sanz, el
mencionado David Castaño y el portavoz adjunto, Miguel Ángel González Rodrigo. Los tres primeros están retribuidos
con una morterada de 94.811 brutos anuales y el cuarto con otra de 90.491. Otra
portavocía adjunta dotada con esta última cuantía viene siendo ejercida en
turnos rotatorios de 4 meses por los seis procuradores sin dedicación exclusiva
permanente. Por ella han pasado ya Teresa
Gago, Blanca Negrete y ahora José
Ignacio Delgado, en tanto que Inmaculada
Gómez, Javier Panizo y Alba Bermejo aguardan su turno.
Aparte
está el caso de Igea, que como vicepresidente y consejero percibe 84.196 euros
anuales con cargo a la Junta. Por la cuenta que les trae (menos el vicepresidente,
médico del Sacyl, ninguno de ellos se va a ver en otra) los cinco “liberados”
lo último que harán será romper la disciplina de voto. Por ahí no hay problema.
Pero nadie se arriesga a poner la mano en el fuego por los otros seis náufragos.
Que se lo cuenten a Castaño, abrasado por las quemaduras de tercer grado
ocasionadas por la fuga de Montero.