Si oyen racionalización y sostenibilidad, pónganse en lo peor

 Entre la colección de eufemismos acuñados para edulcorar los ataques en curso contra los derechos sociales y políticos perpetrados bajo la coartada de la crisis, hay dos palabras empleadas de forma especialmente trapacera. Una es racionalización y otra sostenibilidad. Son dos conceptos en origen muy loables aplicados torticeramente para justificar la escalada de recortes en los servicios públicos -a veces en paralelo a su privatización- y cercenar otros derechos sociales e individuales conquistados en los últimos 35 años.

Juan Vicente Herrera y Cristobal Montoro

Cada vez que aparece una de esas palabras en una Ley, un plan o un programa oficial, ya podemos ponernos en lo peor. Y ya ni les cuento si aparecen las dos juntas, como es el caso del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como se llama la “reforma local” promovida por el gobierno de Mariano Rajoy.

 Aunque la semana pasada el ministro Montoro ha suavizado alguno de sus aspectos, el objetivo de esa Ley era y sigue siendo forzar la desaparición del 90 por ciento de los ayuntamientos españoles. La piedra angular consiste en transferir los servicios que prestan a las Diputaciones provinciales, las cuales se ocuparán después de “externalizarlos” (otro eufemismo con el que se sustituye el verbo “privatizar”, que se entiende mucho mejor).

 Pese a esos últimos retoques, a la Junta sigue sin hacerle ninguna gracia la “reforma local” estatal, que se solapa con su cansina “ordenación territorial”. En realidad ambas comparten el objetivo de reducir drásticamente el mapa municipal, cargándose, por una u otra vía, a la inmensa mayoría de los municipios. En el caso de la Junta mediante el subrepticio método de agruparlos en las llamada “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio” (antes denominados distritos) que encubren una futura concentración municipal.

 ¿Cuál es la verdadera herida por la que respira el gobierno Herrera contra la reforma local de Montoro? Pues precisamente por uno de los pocos aspectos que tiene de racionalización: Que de acuerdo con el principio “una competencia, una Administración”, la Junta, como titular de las competencias en Educación y Sanidad, se haga cargo de las funciones subalternas (mantenimiento de centros escolares, consultorios, etc.) o complementarias que ejercen los ayuntamientos en esas materias. Ese gasto, que para los municipios supone una onerosa carga, es el que se resiste a asumir la comunidad autónoma.

Protesta en la estación de Salamanca

 Y tenía la Junta pocos frentes abiertos con el gobierno Rajoy cuando ha llegado la ilustre paisana (zamorana de Cubillos del Pan) Ana Pastor y ha puesto sobre la mesa otra fatídica “racionalización": la del ferrocarríl de media distancia. Un drástico recorte de servicios ferroviarios del que Castilla y León -no en vano la mas extensa- resultará la mas afectada de todas las comunidades españolas. Algunas líneas quedarían prácticamente en vía muerta, en las demás se reducirían las frecuencias y el tren pasaría de largo en muchas de las estaciones en las que actualmente realiza parada.

 Mientras se concentran miles de millones de euros en la construcción de lineas de Alta Velocidad que jamás serán rentables, RENFE va a dejar a cientos de localidades españolas sin ferrocarril, solo para ahorrar 86,5 millones de euros, que es menos de los que costó construir 6 kilómetros del AVE entre Madrid y Barcelona. Y a diferencia de otras comunidades, caso de Aragón, la Junta no piensa aportar un euro para salvar ninguno de los servicios ferroviarios que se van a suprimir en la comunidad. Tan solo está dispuesta a colaborar para poner en marcha líneas alternativas de autobús que garanticen el transporte público en los núcleos de población excluidos del mapa ferroviario.

 Y es verdad que la Junta carece de competencias en materia de transporte ferroviario. Pero ello no le impide alcanzar acuerdos con RENFE para mantener líneas y servicios que deberían considerarse estratégicos para la vertebración territorial de la comunidad. Sobre todo después de haberse gastado en su día nada menos que 400 millones de euros en una autovía, la León-Burgos, que no tenía ni necesidad ni obligación de ejecutar, ya que discurre paralelamente a una carretera de titularidad nacional, la N-120 (Logroño-Vigo). Una costosa obra que durante años ha lastrado y sigue lastrando (su coste de mantenimiento supera los 20 millones de euros anuales) otras inversiones mucho más prioritarias en la red autonómica de carreteras.

Protesta ante la consejería de Sanidad

¿Cuánto expolio nos queda por sufrir por cuenta de la “racionalizacion” y la “sostenibilidad”? Ya hemos ido viendo en qué consiste aplicar dichos conceptos a servicios esenciales como la Sanidad, la Educación y la Dependencia: Recortes y mas recortes que degradan la calidad de las prestaciones, copagos directos o encubiertos y, a la chita callando privatización al canto, si se puede directamente, como la que ha generado el escandaloso sobrecoste del Hospital de Burgos, o indirectamente a través de la correspondiente “externalización” (como la que ahora repunta en el SACYL para solucionar las “insostenibles” listas de espera, que se han disparado precisamente por pasarse de frenada en los recortes aplicados para hacer “sostenible” el sistema).

Y ojo la reforma que se está urdiendo para garantizar la “sostenibilidad” del sistema público de pensiones, que puede suponer ser, con diferencia, el peor de todos los golpes asestados hasta ahora al Estado de Bienestar.

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