Una Administración cara y politizada

 Después de más de tres años de drásticos recortes presupuestarios en aras de una supuesta austeridad en el gasto público, hay Administraciones que siguen sin aplicarse a sus estructuras políticas esa medicina, o haciéndolo de forma muy selectiva. Al mismo tiempo que se rebaja el sueldo a los funcionarios, se extinguen cientos de contratos temporales y no se cubren las vacantes por jubilación (vía ésta que está deteriorando gravemente las plantillas médicas de la Sanidad Pública), persisten toda una serie de prácticas discrecionales que vician y encarecen la función pública. Caso de libro es el de la Junta de Castilla y León, que mantiene sin inmutarse todos los resabios propios de una Administración politizada y clientelar, en la que prima con todo descaro el amiguismo y la afinidad ideológica.

 

Sede de la consejería de Hacienda

El manifiesto abuso del sistema de “libre designación” constituye una de esas grandes lacras de la Administración Autonómica. El procurador socialista Francisco Ramos lo denunciaba esta misma semana ante la comisión parlamentaria de Hacienda, cifrando en más de 5.000 los puestos cubiertos por la Junta mediante dicho sistema. “Ello limita y desincentiva la formación y la carrera profesional de los empleados públicos, que ven que la única manera de ascender en la Junta es la subordinación y el peloteo al político de turno del PP”, dice Ramos.

Aparte de ese favoritismo que tritura la igualdad de oportunidades, el sistema encierra otro efecto sumamente pernicioso, cual es la pérdida de independencia de los funcionarios encargados del control interno de los propios actos de la Administración. “Prácticamente todos los funcionarios responsables de ese control interno, caso de los interventores o de la Inspección General de Servicios, están nombrados a dedo”, añade Ramos, cuya propuesta de limitar las “libres designaciones” exclusivamente a  los puestos por encima de las jefaturas de servicio ha sucumbido al “rodillo” del grupo popular.

 Este abuso de las libres designaciones -raro es el día que no aparece una o varias en el BOCYL- viene siendo denunciado hace años por la oposición, los sindicatos, y mas recientemente por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), ante el caso omiso de la Junta. Lo mismo que las famosas “bufandas”, otro resabio caciquil que, además, supone todo un despilfarro.

 

Coches oficiales de la Junta de Castilla y León

Aunque se llamen así porque originariamente se abonaban solo en diciembre, las “bufandas” (gratificaciones económicas concedidas discrecionalmente a funcionarios de confianza por supuestos servicios extraordinarios) se han ido extendiendo por el calendario, abonándose en muchos casos con periodicidad semestral e incluso trimestral. Eso sí, concedidas siempre con la máxima opacidad posible. La única obligación de la Junta es colgar la relación de los “agraciados” en los tablones de los centros de trabajo, de donde inmediatamente desaparecen porque alguien -presumiblemente alguno de los beneficiados- se ocupa enseguida de retirarlos.

A pesar de esa dificultad y de la reiterada negativa de la Junta a facilitar esa información tanto a la oposición como a la representación sindical, en diciembre se supo el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez -el adalid de la transparencia y del Gobierno Abierto- había distribuido 59.651,88 euros entre 33 funcionarios de su confianza, así como que el titular de Economía, Tomás Villanueva, había destinado al mismo fín otros 35.211,49 €. Desde entonces se sabe que máximo agraciado es el conductor -único y al parecer insustituible- del primero de dichos consejeros, que percibe cada trimestre una gratificación de 4.200 euros, superior a la que tienen asignada los dos colegas suyos que se turnan al volante del coche oficial del presidente Herrera (2.000 euros por cabeza y trimestre).

Portal web de la Junta de Castilla y León

Excluida la consejería de Fomento, que retribuyó mediante este procedimiento el exceso de jornada de los operativos de la lucha contra incendios- en 2010 la Junta distribuyó en bufandas mas de dos millones de euros. A la cabeza -bonita forma de dar ejemplo se situó la propia consejería de Hacienda y Administración Autonómica, Pilar del Olmo, con 449.753 euros, seguida de Sanidad (381.472 €), Economía (346.590€) y Presidencia (203.520 €).

La Junta de Personal de los Servicios Centrales, que representa a más de 3.500 empleados públicos de la Junta, ha solicitado que las “bufandas” sean dadas a conocer a través de la página web del cacareado “Gobierno Abierto”, solicitud que sin duda De Santiago-Juárez atenderá con la máxima celeridad tan pronto como las ranas comiencen a criar pelo.

 Unos vicios, las “libres designaciones” y las “bufandas”, a añadir al millonario dispendio originado por el tinglado de empresas, fundaciones, institutos y demás entes -en su inmensa mayoría perfectamente prescindibles- que siguen constituyendo la llamada “Administración B”, donde el despilfarro y el enchufismo han ido y siguen yendo de la mano.

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