Los
encausados absueltos y demás directivos beneficiarios, sus abogados
defensores y sus allegados y amigos no son los únicos con evidente
motivo para estar satisfechos por la sentencia de la Audiencia
Provincial que ha declarado perfectamente legales las módicas
indemnizaciones percibidas por la cúpula dirigente de la extinta
Caja Segovia. Tan satisfecho como ellos debe estar el fiscal-jefe de
la Audiencia Provincial, Antonio Silva, cuya tenacidad en
exonerarles de cualquier responsabilidad penal se ha visto finalmente
refrendada por la máxima instancia judicial en el ámbito
provincial.
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| Antonio Silva, fiscal-jefe de Segovia |
Creo
recordar que en dos ocasiones diferentes la Audiencia revocó los
autos de archivo dictados por el Juzgado de Instrucción, atendiendo,
pese a la razonada oposición de la fiscalía, los recursos
interpuestos al efecto por las contumaces acusaciones. Sin embargo,
tras celebrar la vista oral y entrar en el fondo del asunto, los
magistrados de la Audiencia se han abonado a la tesis de la libre
absolución.
Bien
es verdad que tener al ministerio fiscal en contra constituye un gran
hándicap para quienes ejercen la acusación en un proceso penal. Es
más, no es fácil que se llegue a la apertura de juicio oral cuando
la posición de la fiscalía está más alineada con las tesis de la
defensa que con las de la acusación. Pero ocurre. Buen ejemplo de
ello fue la actuación del fiscal Pedro Horrach en
el caso Noos respecto a la Infanta Cristina, en el que de paso el
Estado se quitó la careta y nos aclaró que eso de que “Hacienda
somos todos” es un simple decir.
Doy
por supuesto, faltaría más, que la sentencia de la Audiencia y la
postura de la fiscalía se han ajustado plenamente a Derecho. Lo
contrario sería una gratuita acusación de prevaricación que a un
bienpensante como yo no se le puede pasar por la cabeza. Como tampoco
doy pábulo a las habladurías sobre la posible influencia de
determinado abogado del Estado de fracasado pasado político pero de
exitoso despacho jurídico. ¡Pues menudo es usted de susceptible,
señor Silva, que por una simple crítica a su impecable labor quiso
empapelar nada menos que a todo un abogado defensor...!
Lo
que si digo como periodista que ha seguido el proceso de expolio y almoneda de las Cajas de Ahorro es que ningún directivo de
ninguna de las desaparecidas entidades de ahorro españolas se ha ido
ni por asomo con una indemnización de la cuantía asignada al que
fuera director general de la caja segoviana, Manuel
Escribano (un montante superior a los 15 millones de euros,
5,6 de ellos en efectivo y más de 9 aplazado a través del Plan de
Pensiones suscrito con la aseguradora Caser).
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| Atilano Soto y Manuel Escribano |
Los
últimos directores generales de las tres cajas más importantes de
Castilla y León, Caja España, Caja Duero y Caja Burgos, las tres
bastante más potentes en volumen de recursos que Caja Segovia, no
percibieron ni siquiera la décima parte de lo asignado a
Escribano. Ignacio Lagartos (Caja España), Lucas
Hernández (Caja España) y Leoncio García (Caja
Burgos) abandonaron sus respectivos puestos con indemnizaciones en
los tres casos próximas a 1,3 millones de euros. ¿Cómo es posible
que una caja que, por más que se maquillaran los balances, ya se
encontraba arruinada, como no tardaría en demostrarse, indemnizara a
su director general con 15 millones o a su efímero sustituto, Miguel
Angel Plaza, con casi 7, distribuyendo entre ellos y otros
siete directivos cerca de 35 millones de euros?
Ni
siquiera las indemnizaciones que se agenciaron los directivos de la
Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) o de las Cajas gallegas,
paradigmas del mamoneo/mangoneo sufrido por las entidades de ahorro,
alcanzaron ni de lejos la cuantía de la de Escribano, y eso que tuvo
el detalle de renunciar a parte de lo que le correspondía, un rasgo
de generosidad que nunca le hemos agradecido. Eso sí, a diferencia
de los de Caja Segovia, la mayor parte de los ex directivos de la
CAM, Caixa Galicia y Caixanova no se han ido de rositas en los
Juzgados, siendo condenados incluso a penas de prisión. Se ve que no
fueron tan respetuosos con la legalidad como los consejeros y
directivos de la caja segoviana, cuya conducta, según la fiscalía y
la Audiencia, fue irreprochable.
A
tenor de la sentencia, no sé si alguna de las acusaciones -parece
ser que IU no ha escarmentado- tendrá la temeridad de recurrir ante
el Tribunal Supremo. Digo yo, y con esto acabo, que más les valdría
hacer acto de contrición y proceder de inmediato al desagravio de
los sufridos consejeros y directivos a los que han sentado en el
banquillo, verdaderos mártires vilipendiados sin ningún fundamento.
Y por supuesto ya deberían haber pedido disculpas al fiscal-jefe, o
sea a usted, cuya ecuanimidad ha quedado fuera de toda duda. ¿O no?
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